Transcurridos tres años y medio desde el inicio de la investigación por una eventual conducta colusoria entre las principales cadenas supermercadistas del país en materia de precios de marcas B, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sigue realizando diligencias.
Trascendió que la semana pasada, el organismo que dirige Felipe Irarrázabal ofició a Cencosud, SMU, Walmart y Tottus, solicitándoles una serie de nuevos antecedentes e informes respecto de los hechos que están pesquisando.
Conocedores de esta gestión comentaron que la fiscalía también requirió la presencia de ejecutivos de estas firmas para que presten declaración.
Las mismas fuentes dijeron que este proceso de entrega de documentación podría desarrollarse durante las próximas dos a tres semanas, lo mismo que sucedería con las indagatorias de la fiscalía.
Esta pesquisa de la FNE comenzó el 14 de diciembre de 2011, cuando personal del OS-9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), irrumpieron en las oficinas de las empresas mencionadas desde donde incautaron computadores y documentación.
En el sector dijeron que desde ese momento y hasta ahora, el organismo ha realizado diversas diligencias, cuya periodicidad depende de la cantidad y complejidad de la información que solicitan, pues de ello depende el tiempo que requieren para procesar, analizar y determinar eventuales carencias que ameriten nuevas solicitudes como la que se produjo ahora.
Plazos extendidos
La percepción que prima entre abogados especialistas en estas materias y a nivel de la industria es que dado el tiempo que ha tomado este procedimiento y aunque la FNE no tiene plazos establecidos para desplegar sus investigaciones, los treinta meses que han transcurrido y el riesgo de prescripción de las prácticas que estaría persiguiendo esta instancia, lo que sucede a los cinco años, llevarían a esperar que la fiscalía adopte una resolución durante este año.
Las opciones son claras: que suceda lo mismo que en la investigación en el mercado de la distribución de combustibles, donde recientemente la FNE cerró la investigación, o bien que el organismo pruebe la existencia de la colusión y presente un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia.
Al momento de la incautación la fiscalía informó que la pesquisa estaba "referida a eventuales conductas o prácticas que podrían ser contrarias" al artículo 3 de la Ley 211, relativa a la libre competencia.
En ese entonces se comentó que el material requisado estaba relacionado con proveedores de carnes blancas y productos de limpieza, proceso que se habría ampliado a una posible "doble marginación" de las cadenas en relación con las marcas B que los abastecen en algunos productos para lo cual las cadenas estarían coordinadas.
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