El 9 de marzo de 2012, Pablo Alcalde junto a ex ejecutivos y directores de La Polar fueron sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
Cerca de US$ 1 millón, la mayor multa de todas las interpuestas a los implicados, es el monto que debería haber cancelado el ex ejecutivo del retailer, pero tres años más tarde la causa todavía sigue tramitándose en tribunales y ahora llegó al Tribunal Constitucional (TC).
El camino
Este largo proceso parte con la apelación a la multa solicitada por la SVS. Su defensa, liderada por Jorge Bofill, acudió a diferentes instancias para revertirla, llegando incluso hasta la Corte Suprema, pero siempre sin éxito.
Sin dar su brazo a torcer, el año pasado nuevamente arremetió contra la sanción, esta vez ante el 18 juzgado Civil de Santiago, el que el pasado 4 de diciembre rechazó en todas sus partes la reclamación, incluso condenándolo en costas por "haber sido totalmente vencido".
La sentencia firmada por la jueza titula, Claudia Donoso es categórica, afirma que "la multa aplicada no resulta ser excesiva, en virtud de la gravedad y las consecuencias de las conductas desplegadas por el reclamante en el ejercicio de sus cargos sucesivos, siendo público y notorio el impacto que ha tenido el denominado Caso La Polar, tanto desde el punto de vista del derecho de los consumidores, del derecho del mercado de valores, y del derecho corporativo".
No conforme con ello, de nuevo, la defensa de Alcalde recurrió recientemente a otra instancia judicial: la Corte de Apelaciones, que el pasado 15 de enero acogió a trámite un recurso de apelación y casación por la forma en la que se llegó a la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado Civil.
El último reclamo
Paralelamente, la defensa ha decidido apostar por otra vía, el Tribunal Constitucional. Así es como este martes interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en el proceso judicial pendiente.
En el documento enviado al TC, se argumenta que el Juzgado rechazó la acción de reclamación sin pronunciarse sobre las alegaciones de la defensa, que la decisión se efectuó sin señalar el valor que se le da a cada prueba o por qué se desestima alguna de ellas y que la sentencia no se pronunció sobre las ilegalidades del proceso que denunciaron en su recurso.
Por otra parte, argumentan que la interpretación del organismo regulador resulta "antojadiza" y no presenta "argumentos suficientes".
En el caso de que el TC declare admisible la petición de Alcalde, la causa quedaría paralizada hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la inaplicabilidad.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
