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REGÍSTRATE AQUÍSe trata de arrendamiento de terrenos en Chorrillos donde el retailer ligado a Horst Paulmann emplazó mall Plaza Lima Sur.
Por: Gestión/Diario Financiero Online
Publicado: Martes 6 de junio de 2017 a las 17:22 hrs.
La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que preside la congresista Luciana León, aprobó cinco informes sobre irregularidades en las contrataciones, compras de militares y policiales que realiza el estado peruano.
Entre los más sobresalientes está el arrendamiento de los terrenos del Ejército en Chorrillos a Cencosud, donde levantó el mall Plaza Lima Sur.
"Hemos encontrado una serie de irregularidades en los más altos mandos, tantos políticos como administrativos y hay varios ilícitos o responsabilidades constitucionales y penales", detalló.
En 2013, el Ejército y Cencosud acordaron mediante un memorando de entendimiento sincerar la mensualidad por el arrendamiento del inmueble a 1 millón 600 mil soles (US$ 490 mil), pero era necesario una resolución del Ministerio de Defensa para validar las negociaciones en un plazo de 180 días, según el diario peruano La República.
Sin embargo, recién un año y siete meses después se emitió dicho documento, lo que motivó que Cencosud desconociera lo que se había conversado y en la actualidad continúa abonando un monto sustancialmente menor.
La disputa partió luego que el Ejército peruano le pidiera a Cencosud para pagar una deuda cuantificada en 63,3 millones de soles (US$ 18,6 millones). La empresa, por su parte, inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la que se estima tomará cerca de un año para conocer la decisión.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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