El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió este martes el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en diciembre de 2022 contra Cadena Comercial Andina SpA (CCA), perteneciente al Grupo Oxxo, por la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market durante el año 2021.
En su sentencia, el TDLC aplicó a la empresa una multa a beneficio fiscal superior a $ 2.400 millones (2.898 Unidades Tributarias Anuales) por considerar que CCA infringió el artículo 3° bis letra e) del Decreto Ley N° 211 de 1973, que sanciona a quien notifica una operación de concentración entregando información falsa.
“La entrega de información fidedigna, completa y oportuna en la Notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones. La autoridad debe revisar la operación notificada por las partes en un breve período de tiempo, por lo que disponer tempranamente de toda la información necesaria para dicha revisión se vuelve fundamental”, se lee en la sentencia.
La FNE argumentó que, al notificar la operación, CCA afirmó que tendría que analizar seis archivos, y luego en un complemento señaló que debía remitir otros 34 documentos. Sin embargo, la autoridad constató que la empresa ya disponía de al menos 60 documentos adicionales -estudios, análisis, informes, encuestas o similares- que contenían información relacionada con el mercado afectado por la operación.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, valoró la decisión señalando que “esta sentencia protege la eficacia del sistema de control preventivo de operaciones de concentración, reafirmando que quienes notifican una operación a la FNE deben proporcionar proactivamente todos los antecedentes requeridos (…) de manera veraz, correcta, exacta e inequívoca”.
Reacción de Oxxo
Poco después de la sentencia, Oxxo Chile negó haber entregado información falsa o haber ocultado "deliberadamente antecedentes". "Desde el inicio de este proceso, Oxxo ha colaborado activamente con la FNE y entregado todos los antecedentes solicitados en el marco de la investigación (...) Lamentamos que la sentencia interprete de forma distinta nuestra actuación, que en ningún caso buscó entorpecer la labor de la autoridad ni afectar el desarrollo del procedimiento".
Recordó que "la operación fue debidamente evaluada y aprobada" y que la misma "FNE reconoció que los antecedentes cuestionados no alteraron el resultado final ni el análisis sustantivo de la operación". Tras ello, agregó que esto "es clave para entender que no hubo daño a la libre competencia ni a los consumidores".
De esta manera, la firma dijo que ejercerá sus derechos legales, para lo cual evaluarán -junto al equipo jurídico- "recurrir a la Corte Suprema para obtener una segunda revisión del caso, convencidos de que existen fundamentos sólidos para impugnar lo resuelto y aportar a una jurisprudencia clara, proporcionada y predecible en esta materia".
Concluyó diciendo que sus procedimientos siempre responden a los más altos estándares de transparencia y regulación, y que el "compromiso con Chile sigue firme". "Seguiremos operando en el país con respeto a las normativas, compromiso con la libre competencia y vocación de servicio", señaló.
Los detalles de TDLC
La institución precisó que los antecedentes que no fueron aportados, y que debieron ser obtenidos a través de diligencias investigativas, contenían información que hubiese permitido tramitar la investigación de modo más eficiente, pues se referían a aspectos sensibles de la caracterización del mercado.
Adicionalmente, el requerimiento original de la FNE también incluyó una acusación contra CCA por haber incumplido una medida de mitigación impuesta al aprobarse la adquisición de Ok Market, específicamente la renuncia en plazos acordados a cláusulas de exclusividad en contratos de arrendamiento de locales. Esa parte del proceso culminó en julio de 2023 con una conciliación entre la FNE y CCA, en la que la empresa reconoció el incumplimiento y acordó pagar $380 millones a beneficio fiscal.
Esa arista del caso concluyó en julio de 2023, cuando el TDLC aprobó una conciliación firmada entre la FNE y CCA, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $ 380 millones a beneficio fiscal.
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