Walmart Chile, el principal operador de supermercados del país, lanzó su artillería para intentar destrabar la construcción de un nuevo centro de distribución en la comuna de San Bernardo, el que tiene un costo de US$180 millones, el mayor desembolso que tiene en carpeta la compañía fuera de EEUU.
El proceso está actualmente en la Corte Suprema, luego que opositores a la iniciativa denominada El Peñón presentaran cuatro recursos contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desechó acoger los cuestionamientos al informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Fue ante los ministros del máximo tribunal del país en donde la compañía estadounidense reveló un nuevo antecedente con el cual, afirma, se deberían desechar los custionamientos en contra: el pasado 5 de julio, la Secretaría Regional Metropolitana de Vivienda y Urbanismo dictó un oficio dirigido a la Dirección de Obras Municipales de San Bernardo, rechazando las observaciones N° 1 y N° 2 levantadas por esta unidad durante la tramitación del permiso de edificación para el proyecto El Peñón y que esgrimían una supuesta incompatibilidad de la obra con el uso de suelo definido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
Hasta ahora, la municipalidad ha sostenido que no es efectivo que la empresa cumpla con normativa ambiental, por cuanto –a su juicio- la actividad propuesta no es concordante con el uso de suelo previsto en el instrumento de planificación territorial aplicable.
Pero en el oficio de la Seremi, presentado por Walmart como un nuevo antecedente ante la Corte Suprema, se señala que la DOM deberá desestimar las observaciones por considerarlas improcedentes.
“El argumento de la DOM de San Bernardo (recientemente rechazado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo) es idéntico al argumento que la Municipalidad de San Bernardo ha esgrimido en el recurso de protección, motivo por el cual SS. Excma. (Corte Suprema) cuenta con un antecedente contundente para rechazar totalmente dicho recurso”, sostuvo en un escrito ingreso al máximo tribunal del país el pasado 7 de julio.
En una presentación anterior a la Suprema, el Ministerio de Medio Ambiente se hizo parte del proceso y solicitó confirmar el dictamen del tribunal de alzada que rechazó los recursos de protección. La autoridad ambiental acusó a parte de los habitantes del condominio Lomas de Mirasur -que son recurrentes del caso- de falsear información ante los tribunales. Esto debido a que la agrupación denunció haber sido excluida del proceso de participación ciudadana.
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