Como candidato y luego como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador prometió cancelar la construcción de un aeropuerto de US$13.000 millones incontable cantidad de veces. Pero ahora que asumió el cargo, el político izquierdista guarda un curioso silencio sobre el tema.
Esto se debe a que cualquier declaración del gobierno sobre descartar el proyecto podría permitirles a los inversionistas declarar un caso de default sobre US$ 6.000 millones en bonos externos ligados a su construcción y exigir el reembolso inmediato. Por eso, el normalmente verboso López Obrador, que se jacta de ser transparente, se mostró notablemente esquivo con los periodistas el lunes.
Esto forma parte de la estrategia de su gobierno de aplacar a los inversionistas que prestaron dinero para construir un nuevo centro de la Ciudad de México y a quienes se dijo posteriormente que el proyecto no se realizaría, lo que provocó un desplome de los activos mexicanos en tanto los analistas se preguntaron si el nuevo gobierno está comprometido con políticas proempresariales. El lunes, las autoridades revelaron una oferta para recomprar hasta US$1.800 millones de los valores y crear un flujo de ingresos para reembolsar las notas restantes, pero esto solo puede darse si la mayoría de los inversores acuerda descartar los contratos que les permiten exigir el reembolso de su dinero si se cancela el aeropuerto.
"El tema con los bonistas revela lo complicado que será ejecutar lo que quiere López Obrador", dijo Benito Berber, economista jefe de Natixis para América Latina. "Esas ramificaciones legales y señales ambiguas forman parte de la prima de riesgo de AMLO que estamos observando en el mercado".
Oferta
Los cambios propuestos permitirían que los fondos que paguen los bonos provengan exclusivamente del aeropuerto actual. Pero modificar los contratos eliminaría un elemento de negociación fundamental para los inversores, que podrían exigir el pago acelerado y completo con el apoyo de los tenedores de solo 25% de los bonos de ocurrir un default. Roger King, analista de CreditSights, recomendó a los inversores en una nota rechazar la propuesta para conservar su lugar en la mesa de negociación.
La oferta del gobierno de recomprar las notas a entre 90 y 100 centavos por dólar regirá hasta el 10 de diciembre, de acuerdo con el subsecretario de Finanzas, Arturo Herrera. Los inversionistas que revendan sus bonos rápidamente recibirán un pago adicional de 5 centavos por dólar, y los que acepten las enmiendas pero retengan sus notas recibirán un pago puntual "de consentimiento" de 0,75 centavos por dólar. Actualmente, la mayoría de las notas cotiza a unos 85 centavos por dólar.
Los bonistas ya se habían organizado antes de que se hiciera la propuesta el lunes y habían contratado a Hogan Lovells como asesor legal; hay planes para nombrar pronto a un asesor financiero. Un empleado de Hogan Lovells no respondió a un pedido de comentarios sobre la propuesta del Gobierno. Con esto, López Obrador trata de ganar tiempo para ver si la oferta puede tentar a los inversores para que renuncien a sus derechos a cambio de una inyección rápida de dinero.
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