El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones en contra de individuos y entidades venezolanas por sus supuestos vínculos con una trama de defraudación cambiaria en el país que desvió hasta US$ 2.400 millones a personas relacionadas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En la página web de la institución, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó que "personas del régimen venezolano con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esa red cambiaria que fue otra trama ilícita que el régimen venezolano ha usado mucho tiempo para robar a su gente".
Entre los implicados se mencionan a siete personas y a 23 entidades involucradas con el esquema, entre ellos Gabriela Díaz -exfuncionaria del Tesoro venezolano- y a los dueños del canal de televisión Globovisión que en 2013 -tras la muerte del presidente Hugo Chávez- fue comprado por un grupo de empresarios que ya han sido señalados por EEUU de estar vinculados a un esquema de lavado de dinero.
También estaría incluida una de las principales aseguradoras del país, Seguros La Vitalicia, cuyo director es Gustavo Perdomo Rosales -también director de Globovisión-, y su esposa, Mayela Antonina Tarascio-Pérez.
Sobre este último caso en particular, el gobierno de EEUU dio plazo hasta el 8 de enero de 2020 para que estadounidenses cierren o mantengan sus negocios con la emisora que tiene sede en Miami y en Caracas.
Venezuela ante la OMC
Las sanciones de hoy se suman a muchas otras que han alcanzado al círculo más cercano del presidente Maduro, incluida su esposa Cilia Flores, sus sobrinos -que están presos en EEUU por tráfico de drogas-, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
La medida alcanzaría, por lo menos, los 100 individuos particulares y también incluye empresas. Por ello, hoy se conoció que el gobierno de Caracas presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), asegurando que la prohibición de viajes contra personas incluidas en una lista negra y las restricciones comerciales violan las normas de la institución.
El reclamo tiene fecha 28 de diciembre y en él Venezuela hace referencia a las ventas de oro y a las prohibiciones "discriminatorias" que impiden hacer negocios y transar con el país caribeño.
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