Un 35% más en promedio tiene que desembolsar un ciudadano argentino para poder subirse al metro o bus desde ayer. En la primera jornada “negra” de 2018, tras una serie de ajustes en diciembre, entraron en vigor los aumentos de tarifas de transporte público, luz y de algunos servicios médicos. Al mismo tiempo, los principales sindicatos del país están preparando acciones en rechazo a las políticas del Ejecutivo, pero la Casa Rosada asegura que no cederá a la presión.
Bajo las nuevas tarifas, los argentinos tienen que pagar entre 30% y 39% más por el transporte público, aunque con el sistema integrado SUBE los viajes con combinaciones tendrán un valor menor. La luz costará un 18% más caro, mientras que los servicios médicos prepagados aumentan en un 4% su valor.
“En adelante, el ajuste semestral será por inflación considerando el costo de vida, la variación de precios mayoristas y los salarios, aunque en la parte de generación todavía falta para poder recuperar el costo”, dijo ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunciando las siguientes alzas para abril y junio. Según él, los ajustaes terminarán recién a fines de 2019.
El gobierno también anunció que disminuirá el aporte estatal a Aerolíneas Argentinas. “Cada pasaje tenía US$ 100 de subsidio, ahora serán US$ 6”, afirmó ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Inflación en la mira
Con eso, las voces que adelantan que la meta de inflación del gobierno es insostenible -15% para 2018- suman fuerza. Según Diego Giacomini, director de la consultora E&R, el aumento de precios a fines de 2017 y los pronósticos para inicios del año en curso apuntan a que la inflación es más alta que en el mismo período de 2016-2017.
Las expectativas también van subiendo, mientras el año pasado iban en bajada. “No hay duda que el escenario monetario e inflacionario actual es más complicado que hace un año atrás”, afirmó el experto en una columna en El Cronista.
Por su parte, el economista Daniel Artana advirtió al mismo medio que el aumento de la meta de inflación para este año, de cinco puntos porcentuales, no fue suficiente: “Bajar la previsión a ese nivel es bastante ambicioso, sobre todo tomando en cuenta que quedan aumentos de tarifas por instrumentarse”.
Rechazo sindical
Las críticas expertas hacen más difíciles las negociaciones salariales con los sindicatos, con cuales el gobierno pretende zanjar un compromiso del aumento salarial no mayor a 15%.
“Difícilmente le podamos creer que los números de inflación sean los que dicen. Estamos en el mismo escenario del año pasado, cuando dijeron que iba a ser entre 12% y 17% y terminó siendo 24,8%. El margen de error es de un 70%”, afirmó a El Cronista Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria. Ayer, la organización acordó un paro nacional de todos los bancos para el 9 de febrero, en rechazo al aumento ofrecido de 9%.
Pero a pesar de que los motivos para el descontento no faltan, también surgen las acusaciones de razones personales de algunos líderes sindicales.
El miércoles, la Confederación General del Trabajo, la mayor unión sindical del país, se dividió al discutir el apoyo a la marcha de 22 de febrero convocada por Hugo Moyano, líder camionero investigado por lavado de dinero y evasión de impuestos. “Moyano tiene una pelea personal con (el presidente, Mauricio) Macri, pero que no es del movimiento obrero”, aseguraron fuentes de la organización a Clarín.
Ofensiva gubernamental
El gobierno, por su parte, no se rinde ante la presión sindicalista. El jefe de Estado, al inaugurar ayer un tramo de la nueva autopista en la capital, llamó a “encarar todas las transformaciones que necesitamos para crecer, sin miedo a aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios”, en una clara referencia a los líderes sindicales.
Macri encabezó personalmente la ofensiva contra las poderosas uniones del país. “Acá no se va a negociar con nadie para que zafe de la Justicia”, aseguraron a El Cronista fuentes gubernamentales. “Tenerlo en la foto de enfrente siempre es favorable porque la gente lo vincula con lo que no quiere más en la Argentina”, sostuvieron, en referencia a Moyano. Aparte de los procesos judiciales, el Ministerio del Trabajo, que lidera Jorge Triaca, está llevando a cabo varios procesos de auditorías de las cuentas y procesos selectivos en los sindicatos.
“Hay una campaña de hostigamiento del gobierno hacia todos los dirigentes sindicales y organizaciones que no acompañan sus políticas”, acusó Palazzo, advirtiendo el escenario “de muchísima conflictividad” para negociaciones salariales que vienen.
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