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Publicado: Miércoles 20 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, se declaró ayer en sesión permanente para discutir el Decreto de Emergencia Económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro para revertir la compleja situación por la que atraviesa el país, golpeado por el derrumbe de los precios del petróleo, una crisis de desabastecimiento, y una de las mayores inflaciones a nivel mundial.
La comisión se instalará hoy, a partir de las 10 de la mañana y se espera que los ministros de gobierno comparezcan mañana jueves.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos, destacó ayer que el Vicepresidente de la República, Aristóbulo Izturiz, garantizó que asistirán al Parlamento los ministros de Economía (el ministro de Finanzas y el de Comercio, además del presidente del banco central).
Pero los planes anunciados el viernes por el presidente Maduro no tuvieron buena acogida por los empresarios, que en principio había destacado la necesidad de aplicar medidas.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) expresó mediante una nota de prensa que el decreto “podría agravar aún más la situación de precariedad que ya se vive en los hogares venezolanos”.
Asimismo, la organización empresarial expresó que “el gobierno ha tenido y tiene en sus manos, la potestad legal de tomar los correctivos necesarios sin tener que recurrir a decretos de emergencia económica”.
Fedecámaras asegura que el referido decreto no aborda los problemas sistémicos de la economía y agregó que el país necesita “un plan económico integral, un marco institucional que promueva una economía fuerte, estable, productiva e innovadora”.
El gremio destacó que la crisis no es culpa de la “guerra económica” que denuncia el gobierno y su origen precede a la caída de los precios del petróleo.
“Esta es una crisis que se engendró entre los años 2007 y 2008, tan pronto el Estado emprendió varias olas de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, la gran mayoría de ellas arbitrarias y discrecionales, que inhibieron la inversión privada nacional y extranjera”, se lee en la nota.
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