La agencia calificadora Moody’s rebajó la calificación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa por incumplimiento de pago de los intereses de bonos, agregando un hito más al camino -que parece cada vez más seguro- hacia el default de la nación petrolera.
Según un comunicado emitido el lunes, la calificación será rebajada de Ca (operaciones altamente especulativas con señales de posible default) a Caa3 (riesgo crediticio), a un paso del default, con pronóstico negativo.
La decisión fue “generada por el default del pago del 2 de noviembre, cuando Pdvsa debía pagar US$ 1.169 millones en capital relativo a notas 2017” y la “tensión financiera” por su limitada capacidad de generar efectivo, explicó Nymia Almedia, vicepresidenta senior de crédito.
El viernes, S&P también rebajó el rating de la empresa, de CCC- a CC.
Al pago ya vencido se suma otro: el viernes y el lunes terminan los períodos de gracia para los intereses de bonos que totalizan, según El Universal, US$ 539 millones. En respuesta, los seguros contra el impago de deuda de Pdvsa saltaron ayer a niveles récord de 75 puntos, ganando 1,5% esta semana.
Luchando con la deuda
El gobierno de Nicolás Maduro está luchando por cumplir con los pagos no sólo del gigante petrolero sino de los bonos soberanos. Ayer, la opositora Asamblea Nacional rechazó la reestructuración de la deuda que propuso el mandatario la semana pasada y aseguró que el procedimiento obligatoriamente tiene que ser aprobado por el parlamento. “Hay que reestructurarla, pero no podemos hacerlo con este modelo fracasado”, indicó el diputado Rafael Guzmán.
El país no ha logrado cumplir con US$ 437,1 millones en pagos por bonos soberanos y tiene otros US$ 964 millones por vencer este año, una situación agravada por las sanciones estadounidenses que prohíben comprar nuevos papeles venezolanos y restringen las operaciones con algunos existentes.
El mandatario convocó para el 13 de noviembre una reunión con los tenedores de bonos para negociar la reestructuración. “Maduro está probablemente aspirando a que los tenedores de bonos presionen a la administración Trump por algún tipo de exención de las sanciones. Pero si estos esfuerzos no tienen éxito, el gobierno estará preparando el terreno para lo que sería un default muy confuso”, sentenciaron expertos de Eurasia.
Por otro lado, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa exigió ayer al gobierno que pague US$ 300 millones que debe a las empresas por alimentos comprados en 2015.
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