La oposición venezolana sorprendió al chavismo. La agenda legislativa de la Asamblea Nacional (AN) fue modificada de forma repentina este martes para incorporar la discusión, en segunda instancia, y aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación que beneficiará a 78 presos políticos.
Después de un acalorado debate de casi ocho horas, el parlamento sancionó la propuesta de la oposición, a pesar del rechazo de los oficialistas que consideran que se busca proteger a “criminales”.
Esta fue una de las promesas bandera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 que beneficiará al líder opositor Leopoldo López; al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y al de San Cristóbal, Daniel Ceballos, entre otros.
El presidente del órgano legislativo, Henry Ramos Allup, remitió al presidente Nicolás Maduro la normativa para su ratificación, quien adelantó que no la firmará. “Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa”, dijo antes de que los diputados dieran luz verde a la iniciativa.
Futuro incierto
El texto está en manos del presidente, quien tiene la opción de formular observaciones para que los legisladores decidan si las consideran y, luego, regresa a él para publicarla en la gaceta oficial.
Si el mandatario se niega, la AN podrá promulgarla por sus propios medios porque el Ejecutivo no está capacitado para impedir la difusión de leyes dictadas por el parlamento.
Maduro también puede recurrir a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero los magistrados sólo determinarían si la normativa cumple con el artículo 29 de la Constitución, sobre violaciones de derechos humanos.
Si los jueces consideran que hay alguna ilegalidad, la ley no será promulgada por el presidente. Por esta razón, la oposición desconfía del máximo tribunal al que considera una institución dominada por el gobierno.
Reforma en puerta
Ante esta situación, al final de la sesión, los diputados también aprobaron en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, que busca aumentar la cantidad de jueces de la sala constitucional con miras a una mayor imparcialidad, ampliar el acceso a la justicia y acelerar la respuesta de las causas.
Juan Guaidó: "El presidente no puede impedir las leyes dictadas por el parlamento"
El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró ayer en conversación con DF que "pase lo que pase", dentro de diez días habrá una ley de amnistía que beneficiará a "estudiantes presos por protestar, líderes políticos, a quienes piensen distinto, a los detenidos por expresarse en contra del gobierno en Twitter, periodistas, entre otros".
Diez días es el plazo que tiene el presidente Nicolás Maduro para firmar la ley o hacer sugerencias, "si no, el parlamento puede promulgarla, sin problema, con la aprobación de la junta directiva", aseguró Guaidó.
"Aquí se están perdonando causas políticas no criminales. No son beneficiarios los violadores de derechos humanos".
Obstáculos en la vía
Pero el panorama no es tan sencillo para los opositores venezolanos, mayoría en el parlamento por primera vez en 17 años. El jefe de Estado puede enviar la normativa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para intentar detenerla. Sin embargo, el legislador explicó que los magistrados sólo pueden emitir fallo sobre la constitucionalidad de la ley. De lo contrario, "estarían violando la Carta Magna porque el artículo 182 dice que es potestad de la Asamblea Nacional dictar amnistía y no de la sala constitucional".
"Hay que explicar que el organismo legislativo venezolano es unicameral. No puede pretender el TSJ fungir como Cámara Alta. La ley está totalmente apegada a la Constitución y a los tratados internacionales. Somos muy cuidadosos al respecto porque no queremos excusas de un gobierno que pareciera que no quiere disidencia", aseveró.
Sobre la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, Guaidó resaltó la necesidad de evitar que el máximo tribunal continúe siendo un obstáculo para resolver los problemas de la nación, "un país con la más alta inflación del mundo, mayor índice de inseguridad y escasez". "La intención es aumentar los magistrados de la sala, como hizo el gobierno anterior en 2004, y no veo motivo por el cual no hacerlo", indicó.
Para el diputado, la acción parlamentaria responde al voto de confianza que los venezolanos le dieron a la coalición en diciembre pasado pidiendo reconciliación, cambio político y social, "y estamos dando pasos gigantes hacia eso", expresó.
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