“Yo lo conocí hace 19 años, él no era presidente y yo tampoco alcalde”, relataba el ex edil de Bogotá, Gustavo Petro al asistir al funeral de Hugo Chávez en Venezuela. “Voy a despedir a un hombre inmenso que logró disminuir la pobreza como ningún otro gobernante latinoamericano”.
La defensa del chavismo ha marcado la trayectoria de Petro, quien ahora lidera las preferencias para las elecciones presidenciales de Colombia en 2018. De acuerdo con el más reciente sondeo de la encuestadora Pulso País, el ex alcalde cuenta con 12,9% de las intenciones de voto, muy por encima del hoy vicepresidente y probable carta oficialista, Germán Vargas Lleras, y por sobre Óscar Iván Zuluaga, también de la derecha pero cercano a la facción opositora uribista.
Petro pretende convocar a una asamblea constituyente -una estrategia emblemática de los gobiernos chavistas- para impulsar una profunda reforma que incluiría la justicia, la salud y la educación pública.
Contra la corriente
Una victoria de Petro marcaría un cambio de tendencia para la región, que se ha venido alejado de los gobiernos de izquierda en Brasil, Argentina y Perú, y probablemente también lo haga en Ecuador, donde se celebrará la segunda vuelta de las elecciones a comienzos de abril.
“Hay dos países relevantes de la región que corren riesgo de virar hacia la izquierda: México y Colombia”, señaló el jefe de Estrategia de XP Securities, Alberto Bernal, en una reciente columna de opinión. “Si Gustavo Petro llega a la presidencia, vamos a destruirle el país a nuestros hijos”, advirtió el economista colombiano.
No obstante, a poco más de un año de las elecciones, su postulación se mantiene en duda: en 2013, la procuraduría lo destituyó de la alcaldía por “restringir la libre competencia” en la contratación del servicio de retiro de basura de esa ciudad. La acción incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos por quince años, pero el ex edil demandó a la institución ante el Consejo de Defensa del Estado y pidió revocar la decisión. El caso se mantiene en proceso.
Corrupción y paz
Pero las posibilidades de Petro se ven favorecidas por el creciente desprestigio de los partidos tradicionales. Particularmente en la derecha, tanto los sectores vinculados al presidente Juan Manuel Santos, como su antecesor y rival, Álvaro Uribe, se han visto golpeados por escándalos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht.
La justicia colombiana busca determinar si la campaña por la reelección de Santos recibió US$ 1 millón de manos de la empresa, que otorgaba sobornos para acceder a contratos de concesión.
Una segunda investigación apunta a la carrera por la presidencia de Zuluaga, del Centro Democrático y respaldado por Uribe. La indagatoria está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y podría tardar seis meses.
A medida que se acerca la carrera presidencial, la política colombiana también se enfoca en el proceso de paz con las FARC que impulsó el gobierno de Santos.
El acuerdo con la guerrilla es uno de los puntos débiles para el mandatario, incluso después de recibir el Premio Nobel de la Paz el año pasado. La encuesta de Pulso País mostró un 66% de rechazo a la forma en que el presidente maneja el tema y apenas un 51,7% de optimismo frente a la implementación del pacto, muy lejos del 67,4% anotado en octubre. Junto con ello, la gestión de Santos cuenta con 72% de rechazo y apenas 24% de aprobación, mientras su imagen personal es desfavorable para 69% de los encuestados.
En respuesta, la semana pasada, el uribismo anunció que buscará “introducir ajustes” al documento. Los cambios se enfocarían en la participación política de los ex guerrilleros.
La polémica en torno al acuerdo alcanzó nuevos niveles luego de que el diario estadounidense Wall Street Journal denunciara que disidentes de la guerrilla se están uniendo a grupos brasileños dedicados al tráfico de drogas, lo que ha sido desmentido por el gobierno.
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