La Comisión Europea presentó hoy un plan para luchar contra el lavado de dinero procedente del fraude, el tráfico de drogas y la corrupción.
Sobre este último punto, Bruselas propone estrechar el cerco sobre las operaciones financieras de "personas políticamente expuestas", sus familiaries y socios.
Dentro de esta categoría, Bruselas incluye "entre otros, a jefes de Estado, miembros del Gobierno, miembros del Parlamento, jueces de tribunales supremos".
Esta propuesta llega en un momento turbulento para el Gobierno de Mariano Rajoy, después de que los diarios El Mundo y El País publicaran que la cúpula de su partido, el Partido Popular, ha estado recibiendo sobresueldos que podrían haber sido financiados en parte con dinero negro.
"Las nuevas recomendaciones también se aplicarán a las personas domésticas políticamente expuestas y a las organizaciones internacionales, y a los familiaries y socios cercanos", afirma la Comisión en un comunicado en el que presenta su propuesta de directiva.
Hasta ahora, este tipo de vigilancia solo se establecía para "personas extranjeras expuestas políticamente". Pero si finalmente se adopta la directiva, también se aplicará a los ciudadanos nacionales.
Esta vigilancia extra obligará a los bancos a realizar una auditoría de sus clientes, mantener registros, hacer controles internos y archivar transacciones sospechosas. Además, las entidades deben disponer de procedimientos para determinar que si el cliente es realmente esa persona y, en caso de "relaciones comerciales de más alto riesgo" requerir permiso de la dirección del banco, determinar la fuente de riqueza y de los fondos relacionados con la transacción y elevar la vigilancia sobre esa relación comercial.
Además, la Comisión explica que esto será solo un umbral mínimo y que los países que quieran añadir más requisitos a sus entidades podrán hacerlo.
Las medidas también se aplicarán a todas las personas que reciban pagos en efectivo por bienes o servicios por un valor de 7.500 euros (o superior). Hasta ahora, el umbral mínimo se situaban en 15.000 euros.
Una vez que la Comisión ha publicado su propuesta de directiva, esta debe ser debatida en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. El próximo 15 de marzo se realizará una audiencia pública con varios grupos de interés.
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