La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó
hoy un mandato con fuerza de ley que anula miles de concesiones
mineras y las revierte al Estado, en medio de denuncias de los
empresarios de que supondrá la "muerte" de la minería en el país.
El "mandato minero", aprobado con los votos de 95 de los 130
integrantes de la Asamblea, declara la "extinción, sin compensación
económica alguna" de todas las concesiones que, en una fase de
exploración, no hayan realizado inversiones y no hayan presentado
estudios sobre los impactos ambientales.
También declara una "moratoria" de nuevas concesiones hasta que
entre en vigor la nueva Constitución que redacta la Asamblea.
El director de la empresarial Cámara de Minería, Javier Cruz,
advirtió de que debido a estas normas se pueden perder inversiones
por 2.000 millones de dólares en los próximos dos años, así como la
creación de 70.000 "empleos de calidad en los próximos diez años".
Cruz manifestó también su temor de que las inversiones previstas
en el país "se suspenderán de manera inmediata".
Por el contrario, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo
partido, Alianza País, tiene 80 escaños en la Asamblea, aseguró hoy
que con esa norma se "busca eliminar todas las concesiones mineras
entregadas de forma irregular y descartó que esa ley anule la
actividad minera en el país.
"El mandato minero no impide futuras concesiones", explicó
Correa, tras recalcar que muchos yacimientos fueron entregados en el
pasado de forma irregular, por lo que "tendrán que ser revertidos"
al Estado.
Correa remarcó que "el dilema actual no es decir sí a la minería,
o no, sino buscar una minería responsable, económica, social y
ambientalmente" sustentable.
El mandato establece también la creación de la Empresa Nacional
Minera, una entidad estatal que participará en todas las fases de la
actividad, "bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto
a los derechos" de las comunidades donde se asienten los proyectos.