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Ecuador: aprueban norma que anula miles de concesiones mineras

El mandato declara la "extinción, sin compensación económica alguna" de las concesiones que, en una fase de exploración, no hayan realizado inversiones o estudios de impacto ambiental.

Por: | Publicado: Viernes 18 de abril de 2008 a las 17:04 hrs.
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La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó hoy un mandato con fuerza de ley que anula miles de concesiones mineras y las revierte al Estado, en medio de denuncias de los empresarios de que supondrá la "muerte" de la minería en el país.

El "mandato minero", aprobado con los votos de 95 de los 130 integrantes de la Asamblea, declara la "extinción, sin compensación económica alguna" de todas las concesiones que, en una fase de exploración, no hayan realizado inversiones y no hayan presentado estudios sobre los impactos ambientales.

También declara una "moratoria" de nuevas concesiones hasta que entre en vigor la nueva Constitución que redacta la Asamblea.

El director de la empresarial Cámara de Minería, Javier Cruz, advirtió de que debido a estas normas se pueden perder inversiones por 2.000 millones de dólares en los próximos dos años, así como la creación de 70.000 "empleos de calidad en los próximos diez años".

Cruz manifestó también su temor de que las inversiones previstas en el país "se suspenderán de manera inmediata".

Por el contrario, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo partido, Alianza País, tiene 80 escaños en la Asamblea, aseguró hoy que con esa norma se "busca eliminar todas las concesiones mineras entregadas de forma irregular y descartó que esa ley anule la actividad minera en el país.

"El mandato minero no impide futuras concesiones", explicó Correa, tras recalcar que muchos yacimientos fueron entregados en el pasado de forma irregular, por lo que "tendrán que ser revertidos" al Estado.

Correa remarcó que "el dilema actual no es decir sí a la minería, o no, sino buscar una minería responsable, económica, social y ambientalmente" sustentable.

El mandato establece también la creación de la Empresa Nacional Minera, una entidad estatal que participará en todas las fases de la actividad, "bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto a los derechos" de las comunidades donde se asienten los proyectos.

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