Por Isabel Ramos/Leonardo Ruiz
La Comisión Europea fijó ayer su postura para salir de la crisis de deuda y llamó a los países miembros a inyectar ayuda directa a la banca y a emitir bonos comunes –conocidos como eurobonos-, lo que generó un rechazo inmediato de Alemania.
La comisión se alineó con España y propuso que el fondo de rescate permanente de la zona euro (Mecanismo de Estabilidad Europea, que entrará en vigencia en julio) inyecte efectivo a los bancos en lugar de canalizar el dinero a través de los gobiernos nacionales, de acuerdo con el informe “Europa 2020”, que delinea las estrategias de crecimiento de la región y que fue divulgado ayer.
“La flexibilidad y la velocidad de acción estarán en la esencia” de la estrategia, dijo el presidente de la comisión, José Manuel Barroso, en conferencia de prensa en Bruselas. “Buscamos flexibilidad no sólo en términos de instrumentos, sino también en términos de la velocidad de reacción de los llamados cortafuegos, en este caso del mecanismo de estabilidad”, agregó.
Sin embargo, esta opción enfrenta una fuerte resistencia en los países acreedores, como Alemania, Finlandia y Holanda. Y la respuesta fue inmediata. El vocero de la canciller alemana Angela Merkel, Steffen Seibert, dijo a periodistas en Berlín que “la posición alemana sobre la recapitalización directa de los bancos con fondos de rescate europeos es conocida”, haciendo referencia a que las ayudas deben ser canalizadas a través de los gobiernos. Por su parte, el asesor del ministro de Finanzas de Finlandia, Martti Salmi, también reafirmó que la postura de su país no ha cambiado.
Al entregar recursos directo a los bancos, los gobiernos no estarían sujetos a cumplir con requisitos impuestos por la Unión Europea, como planes de austeridad y reformas tributarias. Asimismo, los inversionistas podrían distinguir que la ayuda se entrega a una institución en problemas y no a un Estado en problemas, reduciendo los riesgos de un alza del riesgo soberano y de los costos de endeudamiento, como ocurre con España.
Actualmente, el Mecanismo de Estabilidad Europea sólo puede otorgar préstamos a los gobiernos, aunque se utilicen únicamente para recapitalizar la banca. En los más de dos años que se ha extendido la crisis se han desembolsado 386 mil millones de euros (US$ 480 mil millones) en los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal.
Unión bancaria
Otro de los puntos abordados por la comisión es la posibilidad de evolucionar hacia una “unión bancaria”, que integre de forma más efectiva la supervisión, cuente con un fondo común para sanear a los bancos con exposición transfronteriza y sea capaz de segregar los activos con mal desempeño.
“Una integración más cercana entre los países de la eurozona en estructuras y prácticas de supervisión, en el manejo de crisis transfronterizas y en compartir la carga, hacia una ‘unión bancaria’, sería un complemento importante para la estructura actual” de la unión económica y monetaria, afirmó.
Sin embargo, los analistas toman los anuncios con calma. “Una lección de la crisis hasta ahora es que las grandes ideas de Bruselas o de las personas que reciben el dinero son sólo ruido hasta que los alemanes les dan el visto bueno”, dijo a Bloomberg el estratega de renta fija de Royal Bank of Scotland Group, Harvinder Sian.
Situación de España
En un anexo del informe, la comisión entregó recomendaciones específicas a cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea (ver recuadros). En el caso de España, criticó algunos aspectos de las reformas, pero al mismo tiempo mostró su disposición de otorgar un año extra al país (hasta 2014) para bajar su déficit al límite europeo de un 3% del PIB a cambio de un plan de presupuesto sólido para 2013 y 2014.
Pese a las acciones de Madrid para “acelerar la reestructuración del sector bancario”, la estabilidad no está asegurada y “es necesario continuar fortaleciendo la base de capital de los bancos”, dijo. Las reformas han apuntado a los activos inmobiliarios, pero falta enfrentar las vulnerabilidades que surgen de los préstamos a las PYME y las hipotecas residenciales.
Las reformas tributarias, por su parte, van en el sentido opuesto a las recomendaciones europeas, al enfocarse en impuestos directos, en lugar de tributos de consumo y medioambientales.
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