El juez
federal del Tribunal de quiebras de Nueva York Burton Lifland aprobó hoy la
transferencia de US$ 28,11 millones que solicitaba el liquidador de la empresa
de Bernard Madoff, con la que se gestó la que podría ser la mayor y más
globalizada estafa de la historia.
Según la
documentación registrada en el tribunal, y mientras el inversionista estadounidense permanece en su departamento del Upper East Side de Manhattan en
detención domiciliaria, el juez acordó que se proceda a ese pago, destinado a
cubrir los gastos administrativos derivados de la venta y liquidación de su
empresa de inversión.
A través de
esa firma se captaron grandes fortunas de entidades y particulares de Estados
Unidos, Europa y América Latina, entre otros lugares, y se creó lo que terminó
siendo un "gigantesco esquema Ponzi" de unos US$ 50.000 millones,
según confesó el propio Madoff, de 70 años, tras su detención el pasado 11 de
diciembre.
Su técnica
consistía en pagar los intereses que prometía a sus clientes con el dinero que
entraba en la firma a través de nuevos inversionistas, de forma que, cuando dejaron
de llegar fondos, la estructura piramidal que había creado se derrumbó.
Irving
Picard -designado por la Corporación para la Protección de los Inversores
Bursátiles (SIPC) para que presidiera la entidad que lleva la liquidación de la
empresa de Madoff- había pedido que se le transfirieran US$ 29 millones
para pagar los salarios de sus colaboradores y otros gastos administrativos.
Hasta el momento ya ha recibido US$ 883.000.
Esos fondos
estaban depositados en Bank of New York Mellon, donde se encuentran tres de las
cinco cuentas que hasta el momento se han identificado como pertenecientes a
Madoff o a su empresa.
La SIPC se
creó en 1970 con el ánimo de proteger a los inversionistas en casos de bancarrota
de compañías o de pérdidas de efectivo o acciones en determinadas
circunstancias. Su compromiso es cubrir las pérdidas de cada inversor hasta un
máximo de US$ 500.000.
La
intención de Picard, según consta en la documentación registrada en los
tribunales, es que se lleve a cabo cuanto antes el primer llamamiento masivo a
todos los inversionistas que se consideren víctimas de Madoff.
En uno de
los documentos jurídicos, la SIPC asegura que ese primer anuncio se podría
publicar y enviar por correo electrónico el próximo 9 de enero.
Sin
embargo, muchos de los clientes de Madoff no eran inversionistas directos, sino que
habían confiado su dinero a terceras partes, que fueron las que metieron el
dinero en la estructura del financiero, por lo que éstos podrían no estar
protegidos por la cobertura que ofrece la SIPC.
Por ello,
el juez Louis Stanton, que lleva el caso por la vía civil, estudia la
posibilidad de extender la cobertura a los "inversionistas indirectos",
tal y como se le ha reclamado a través de escritos que también han sido
registrados en los tribunales y como está previsto que un inversionista haga
personalmente mañana en una audiencia pública en los Tribunales del Distrito
Sur de Manhattan.
El abogado
Bryan Blaney, de Norris McLaughlin & Marcus, aseguraba hoy a la cadena de
televisión CNBC, que es muy probable que Stanton acepte mañana esa posibilidad
dada la "extraordinaria naturaleza de este caso, ya que muchas de las
víctimas son organizaciones caritativas o sin ánimo de lucro".
Las autoridades
estadounidenses tratan de rastrear el destino final del dinero recaudado por
Madoff y saber qué parte queda en su poder, ya que con esos fondos se tratará
de compensar a las víctimas, que hasta el momento han denunciado la pérdida de
unos US$ 30.000 millones.
Queda por
ver también dónde están los US$ 20.000 millones que faltarían para completar la
cifra de US$ 50.000 millones que el financiero neoyorquino facilitó a las
autoridades tras su detención.
El
miércoles termina el plazo para que Madoff ofrezca una lista detallada de todos
los activos que tiene a su nombre y la de su compañía en Estados Unidos.
El listado
deberá ser entregado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos
(SEC), tal y como estableció el juez Stanton, y deberá incluir desde valor de
inmuebles hasta obras de arte, joyas o cuentas bancarias.