La causa que lleva el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso sobre competencia desleal e indemnizaciones de perjuicios, que mantiene enfrentadas a la plaza bursátil de la ciudad puerto con sus pares de la capital sigue su curso. El viernes pasado la defensa de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) intentó objetar el informe pericial que esta misma, junto a la Bolsa de Corredores de Valparaíso (Bovalpo) habían solicitado, argumentando ante la magistrada “falta de integridad, careciendo en consecuencia de todo valor probatorio”.
Sin embargo, la BCS recibió un revés en la jornada del lunes, cuando la titular del Quinto Juzgado Civil de la ciudad puerto, Leonor Cohen, rechazó la acción presentada tras catalogarla de improcedente.
Consultados por Diario Financiero respecto de lo ocurrido, la BCS comentó que “por tratarse de un proceso judicial en curso, los argumentos de la Bolsa de Santiago y sus observaciones a los documentos que se presenten se exponen en dicho proceso”.
Cabe recordar que una de las principales conclusiones que presentaba el documento, fue que de las 297 operaciones de colocación realizadas por la Bolsa de Corredores de Valparaíso (Bovalpo) y analizadas en el peritaje, 262 no fueron calzadas por el sistema de interconexión bursátil.
Los argumentos
Previamente, los abogados de la BCS habían hecho seis observaciones al informe elaborado por el perito. Primero, señalaron que efectivamente sí existe un sistema de Operaciones Interbolsa (OIB), que permite realizar este tipo de operaciones entre las distintas bolsas.
No obstante, alegan que la normativa actual no exige que las OIB sean vinculantes para los corredores, condicionado a que se hayan acordado condiciones iguales en términos de garantías y seguridad.
Sobre este aspecto, la plaza capitalina explicó a la justicia que Bovalpo no cumple los mismos estándares de seguridad que ellos tienen. “No compensan ni liquidan con CCLV, ni están inscritos con cuentas directas en el Depósito Central de Valores, resultando sus transacciones afectas a más riesgo de crédito y contraparte con el consecuente desincentivo en los inversionistas para operar”, manifestó la defensa.
Igualmente, advirtieron que al parecer el documento contendría conclusiones contradictorias y poco claras.
La contraparte
El abogado de la corredora Carlos Marín Orrego, Jorge Salgado, -hoy involucrada en un conflicto legal (ver nota relacionada)- presentó dos observaciones a los resultados.
Indicó que la información dejaría en evidencia que la BCS incumple el oficio circular dictado por la SVS en materia de sistemas de interconexión, la que mandata a las bolsas tener sistemas que garanticen la mejor ejecución de las órdenes de los inversionistas, por ende, no se podrían concretar operaciones en su rueda a precios menos convenientes que los que podrían conseguir a través del cierre de operaciones con ofertas registradas por corredores de otras bolsas.
Tras reformalización, juez determinó que Carlos Marín Orrego continuará en prisión
También con los tribunales de la Quinta Región como escenario, ayer se llevó a cabo la reformalización de Carlos Marín Orrego, dueño de la corredora que lleva su nombre, en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó a Marín Orrego los delitos de estafa calificada reiterada e infracción contra la Ley de Bancos, ambos ilícitos por los cuales éste fue formalizado.
"Esta formalización permite también asegurar una acción penal mucho más contundente para los efectos de obtener el resultado que se pretende", señaló el abogado querellante Felipe González, celebrando el que el Tribunal decidiera también formalizar al imputado por infracciones a la Ley de Bancos.
En la instancia además se le imputaron a Carolina Rubik y Rodrigo Marín, pareja y hermano del principal implicado, los mismos delitos.
De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, las infracciones por las que se acusa a los imputados superan los $ 2.000 millones en perjuicios, que afectaron a más de 60 víctimas.
El fiscal Leonel González agregó que "esta comunicación pone en evidencia que los acusados también engañaron a las autoridades encargadas de supervisarlos, especialmente la Bolsa de Valores de Valparaíso y la Superintendencia de Valores y Seguros".
Tras la audiencia, programada para las 9:00 horas de ayer y que duró casi 7 horas, el Tribunal mantuvo las medidas cautelares de los imputados, arresto domiciliario total en el caso de Carolina Roubik y Rodrigo Marín Orrego, y prisión preventiva para Carlos Marín Orrego. Sin embargo para este último, la defensa solicitó revisar su condición médica y que esta sea supervisada al interior del recinto penitenciario, lo que fue aceptado por el magistrado.
A su vez, el plazo que se dio para la investigación es de 90 días, periodo en que la Fiscalía no descarta llevar a cabo nuevas formalizaciones.
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