El retiro de más de 40 decretos medioambientales de la Contraloría marcó el arribo de la administración del Presidente José Antonio Kast a La Moneda. Sin embargo, otros sensibles documentos que estaban siendo revisados por el organismo fiscalizador también tuvieron el mismo destino.
Según pudo constatar DF, la Subsecretaría de Previsión Social retiró el 26 de marzo el decreto supremo N°7 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que define las tarifas y modalidades de pago para los servicios que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe prestar a las AFP que así lo requieran.
El acto administrativo fue ingresado a fines de enero de 2026 y contó con las firmas del expresidente Gabriel Boric y los exministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social de ese entonces, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo, respectivamente.
Este decreto es clave para la implementación de la reforma previsional, ya que sin él, el IPS no podrá operar como prestador de servicios back y front office. Por lo tanto, el organismo quedaría impedido de ingresar como operador en una de las partes del negocio de la administración de fondos de pensiones.
El decreto establece siete macroprocesos que el IPS puede ofrecer como actor del negocio, como, por ejemplo, afiliación y cuentas; servicios de atención al cliente; y recaudación y cobranza.
Nuevos actores
Una de las razones que motivó al gobierno anterior respecto de incorporar al IPS en la administración de fondos de pensiones -al menos en el apartado del soporte-, fue rebajar las barreras de entrada para potenciales nuevos actores que quieran ingresar a la industria.
El exsubsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, encargado de ingresar el decreto a la Contraloría General de la República, explicó a DF que “la importancia de este decreto tarifario se traduce, en términos concretos, en la posibilidad de que el Instituto de Protección Social otorgue servicios de soporte operacional para nuevos competidores de la industria de pensiones. Se determinó por varios estudios que una de las barreras de entrada para nuevos competidores tenía que ver con qué tenían que asumir la totalidad de las funciones que se prestan de parte de la AFP, que son la administración de inversiones y también el soporte operacional”.
Agregó, que la entrada del IPS como oferente de funciones de soporte, permitiría a potenciales nuevos actores del sistema dedicarse a la gestión de las inversiones de los ahorros previsionales, contratando al IPS para las funciones de soporte y de atención al cliente, si así lo necesitan.
“Esto facilita la posibilidad de que haya nuevos actores y, por lo tanto, aumente la competencia”, añadió Reyes.
Elisa Cabezón, Subsecretaria de Previsión Social.
El acuerdo
Otro factor que suma relevancia a este decreto que fija la posibilidad de que el IPS pueda operar como actor de soporte en el negocio previsional, es que fue parte del acuerdo que habilitó la aprobación de la reforma previsional en el Congreso, a inicios de 2025.
La medida fue acordada luego de que en las negociaciones entre el exgobierno de Boric y la entonces oposición, fracasara la propuesta de la separación obligada de las funciones de inversión y de soporte que realizan las AFP.
De todos modos, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, aseguró a DF que se reingresará el decreto.
“El decreto que fija precios y modalidades de pago de los servicios que podrá prestar el IPS a las AFP interesadas, fue ingresado por la pasada administración en enero de 2026. La Contraloría General de la República hizo observaciones al documento, y como subsecretaría decidimos retirar el decreto para su revisión y posterior reingreso”, dijo la autoridad.
UF 18.970 es el precio más alto que cobrará el IPS por sus servicios.
Las tarifas
El decreto establece siete macroprocesos que el IPS puede ofrecer como actor del negocio: afiliación y cuentas; servicios de atención al cliente; recaudación y cobranzas; beneficios previsionales; procesos contables; apoyo y gestión; y gestión de riesgo.
Sobre esta base, el documento definió que para su prestación a las AFP, estos macroprocesos se agrupen en cuatro servicios, cuyo valor se diferenciará si la administradora contratante tiene menos o más de 1.260.000 afiliados.
En primer lugar, está el servicio “completo”, que incluye los siete macroservicios descritos.
Según el decreto, este es el “producto” más caro, ya que tiene un costo mensual de UF 17.794 ($ 712 millones) para las AFP con menos clientes, mientras que para las que superan dicha barrera de afiliados el precio será de UF 18.970 ($ 759 millones).
El otro grupo de mayor costo que el IPS podría ofrecer es el servicio de “soporte”, que incorpora todos los macroprocesos, a excepción de atención al cliente.
Este tiene un precio mensual de UF 15.955 ($ 638 millones) para las administradoras que se encuentren en la parte baja del umbral de afiliados. Para aquellas gestoras previsionales que se ubiquen sobre ese límite, el valor que pasará a cobrar el IPS será de UF 16.683 ($ 667 millones).
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