A fines de 2023, un embarque de 40 buses eléctricos arribó a Antofagasta, un hito clave en los planes de la ciudad para convertirse en la primera -fuera de la Región Metropolitana-, en contar con una flota de vehículos de este tipo para operar en la red de transporte público.
Seis meses después de la licitación, Green Energy, la empresa que opera actualmente dicha flota, está denunciando un deterioro en las condiciones del contrato, tras verse obligada a abandonar el terreno fiscal donde funcionaba parte de su infraestructura, lo que derivó en un rediseño del servicio, alza en los costos y menores niveles de demanda.
Con una inversión de cerca de $ 13.280 millones, y moderna tecnología como cobradores automáticos, wifi a bordo, puertos USB y cámaras de seguridad, el esquema fue diseñado para transportar a cerca de 16 mil pasajeros diarios, incluyendo el centro de la ciudad. Con su implementación, Antofagasta se convirtió en la primera ciudad de Chile en operar un sistema de transporte público mayor completamente eléctrico.
Terreno fiscal
Sin embargo, pasados unos meses desde el inicio de operaciones, hubo problemas en el terreno del electroterminal. Al adjudicarse el contrato, la empresa Green Energy debía ocupar un predio fiscal otorgado por el Ministerio de Transportes para instalar el centro de carga. Sin embargo, ese terreno nunca fue autorizado para su uso, ya que según la empresa, no cumplía con la normativa de uso de suelo para su desarrollo lo que obligó a Green Energy a buscar un terreno privado propio. Ese cambio impactó directamente la operación, ya que el recorrido por cada pasajero aumentó 6,2 kilómetros, lo que la compañía califica como una pérdida financiera relevante derivada tanto del aumento del kilometraje como de la caída en la captación de pasajeros.

“Esto genera una pérdida financiera relevante, ya que la rentabilidad está directamente asociada a la cantidad de kilómetros recorridos como a la cantidad de pasajeros por kilómetro”, sostiene la empresa.
Desde la empresa advierten que el rediseño del servicio implicó ajustes en la operación que no solo impactan los ingresos, sino también los costos. “El oficio señala que no se puede continuar con el uso del terreno, lo que nos obliga a modificar la operación en condiciones que no estaban previstas” indicó Valentina Méndez, presidenta de Green Energy.