La demolición de viviendas en la toma de Cerro Chuño, uno de los sectores más complejos de Arica por su contaminación con polimetales, dio un nuevo paso administrativo. La Contraloría tomó razón de la resolución del Gobierno Regional que aprueba el convenio de transferencia de recursos al Servicio de Vivienda y Urbanización, (Serviu), para financiar la primera etapa del programa de saneamiento y demolición del sector.
El oficio, fechado el 18 de junio de 2026, dio curso a la Resolución N°95 del Gobierno Regional, vinculada a la iniciativa “Saneamiento programa demolición Cerro Chuño etapa I, Arica”, código BIP 40079563-0. Según el documento, el convenio se ajusta a derecho, aunque fue aprobado con alcance por parte del órgano contralor.
El punto observado por Contraloría está en el cronograma elaborado por el Serviu. De acuerdo con el oficio, al sexto mes de vigencia del convenio, el servicio pondrá a disposición del contratista adjudicatario los terrenos a intervenir para iniciar los trabajos de demolición.
Sin embargo, el organismo advirtió que el convenio y su cronograma no contemplan de manera expresa cómo se articulará esa entrega material de terrenos con las actuaciones administrativas que deben ocurrir antes. En la práctica, la observación apunta a la coordinación entre el desalojo de los ocupantes, la disponibilidad real de los inmuebles y el inicio de las obras.
Advertencia sobre la coordinación del proceso
Contraloría señaló que corresponderá al organismo receptor de los recursos adoptar las medidas de coordinación necesarias para asegurar que el proceso se concrete oportunamente, en línea con los principios de eficacia, eficiencia y coordinación que rigen a la administración pública.
El oficio también recuerda que la justificación del programa es desarrollar acciones tendientes a la demolición de viviendas en Cerro Chuño, sector afectado por contaminación de polimetales y donde actualmente habitan familias en situación irregular. La intervención se enmarca en la Ley N°20.590, que creó el Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la comuna de Arica.
Otro punto relevante es que la demolición deberá coordinarse con las autoridades encargadas de ejecutar el desalojo de los ocupantes de los inmuebles a intervenir. Esa medida fue dispuesta mediante la resolución exenta N°99, del 24 de marzo de 2026, de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.
Proceso queda bajo control externo
Aunque Contraloría cursó el acto administrativo, el oficio precisa que la toma de razón no impide futuros controles de juridicidad sobre los actos que se dicten en el marco del convenio. Esto incluye eventuales procesos de contratación y adjudicación de obras asociados a la demolición.
Además, la Contraloría Regional resolvió remitir los antecedentes a su Unidad de Control Externo, con el fin de que los puntos advertidos sean considerados en la planificación de futuras fiscalizaciones.
Con ello, la etapa I del programa de demolición de Cerro Chuño queda habilitada desde el punto de vista administrativo, pero con una advertencia formal sobre la necesidad de ordenar el calendario de desalojo, entrega de terrenos, contratación e inicio de faenas.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
