La investigación por delitos económicos y tributarios que generaron un perjuicio de $ 626 millones al terminal portuario tendrá una última prórroga de 20 días, en un escenario donde la justicia decidió separar las causas.
El Juzgado de Garantía de Coronel concedió una última ampliación de 20 días para el cierre de la investigación del Caso Puerto Coronel. La extensión del plazo se cruza con una reconfiguración legal del caso, luego que el tribunal decidiera separar las causas, dejando a la compañía portuaria en una doble calidad procesal, donde enfrentará a la justicia tanto en calidad de víctima como de imputada.
Según la información entregada por Radio Bío Bío, la prórroga permitirá realizar nuevas diligencias solicitadas por las defensas de los exejecutivos Eduardo Hartwig, expresidente del Directorio, formalizado por soborno, administración desleal y delitos tributarios, y por Michelle Prater, exgerenta interina, imputada por administración desleal. La medida fue presentada por la fiscal Glenda Lagos y visada por el juez Daniel Ortiz, sin oposición de querellantes como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Doble calidad procesal
El foco del Ministerio Público busca comprobar el daño patrimonial sufrido por Puerto Coronel. A través de la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, trianguladas mediante la sociedad de inversiones Codegua Ltda. -vinculada a Hartwig-, se habría generado un perjuicio directo a las arcas de la portuaria, cuantificado en al menos $ 626 millones. A Prater se le acusa de que, durante su gestión, omitió acciones de resguardo financiero para impedir esta fuga de capitales.
En paralelo a las nuevas diligencias y tal como detalló DF Regiones el 15 de junio, el tribunal acogió la solicitud para dividir la investigación, dejando a la empresa en una condición de doble calidad procesal. Al separar los delitos, Puerto Coronel asumirá responsabilidades como imputada por las fallas en sus modelos de prevención y como querellante por el daño económico sufrido a manos de sus exjecutivos.
Las pericias de este período de prórroga incluirán la revisión de escritos presentados por la compañía ante el SII, así como la toma de declaraciones a exejecutivos. Una vez concluido este plazo, se fijará la audiencia para cerrar definitivamente la investigación.