El gobierno de José Antonio Kast ha situado en el centro de su agenda económica un conjunto de reformas destinadas a reposicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión. La propuesta articula una rebaja gradual del impuesto corporativo, incentivos tributarios focalizados, una agenda de simplificación regulatoria e invariabilidad tributaria, con el objetivo de ofrecer un entorno más predecible para el sector privado.
En ese contexto, la estrategia apunta a reactivar el crecimiento a partir de señales promercado, en un escenario marcado por la desaceleración económica y un menor dinamismo de la inversión privada.
El giro proinversión que impulsa Chile se inserta, además, en una competencia regional por captar capitales en sectores intensivos en recursos naturales, en particular la minería, que requiere altos montos de inversión y horizontes de largo plazo.
En ese mismo escenario, Argentina viene trabajando desde 2024 en una estrategia orientada a ese objetivo. El gobierno de Javier Milei implementó instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que entrega beneficios tributarios, cambiarios y regulatorios a proyectos que superen determinados umbrales de inversión (ver recuadros).
En paralelo, el Congreso de ese país aprobó recientemente una reforma de la Ley de Glaciares, que modifica el régimen de protección vigente desde 2010. El cambio flexibiliza criterios de resguardo en zonas glaciares y periglaciares, y habilita a las provincias a definir qué áreas quedan efectivamente protegidas según su función hídrica, lo que abre nuevas posibilidades para la actividad minera.
El economista argentino Víctor Delbuono, investigador de Recursos Naturales del think-tank Fundar, explicó que el cambio de administración abrió un nuevo escenario. A su juicio, existe una mayor disposición hacia la inversión privada, impulsada por los incentivos fiscales del RIGI y, sobre todo, por la necesidad de revertir un contexto previo adverso.
“Argentina venía de una inflación muy elevada y de fuertes restricciones, como el cepo cambiario, limitaciones para remitir utilidades y dificultades de acceso a divisas. Ese conjunto de factores configuraba un panorama poco atractivo para invertir”, sostuvo.
Al mismo tiempo, Delbuono recuerda que, incluso antes de la llegada de Milei, la minería ya mostraba señales de reactivación impulsadas por el auge del litio. “Argentina ofrecía una ventaja respecto de sus vecinos del llamado Triángulo del Litio, Bolivia y Chile, con un marco de concesiones más abierto. Eso permitió que, pese al contexto macroeconómico adverso, varios proyectos avanzaran, en gran parte gracias al impulso de la inversión china”, afirmó.
Ejemplos de ese proceso son Centenario Ratones, ubicado en la Puna de Salta a 3.800 metros de altura y operado por Eramine Sudamérica, y Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, desarrollado por Minera Exar. Ambos casos ilustran cómo el financiamiento externo, en particular de origen chino, resultó clave para superar restricciones y viabilizar iniciativas.
Hoy, añadió Delbuono, el foco se desplaza hacia el cobre. “Es un insumo crítico para la descarbonización y la electrificación. Las energías renovables requieren más redes de transmisión”, señaló.
A ello se suman los centros de datos y los vehículos eléctricos, que elevan la demanda global. “En ese escenario, Argentina se posiciona como uno de los países con mayor cartera de proyectos greenfield por desarrollar”.
Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, sigue de cerca la evolución del escenario trasandino y reconoce un cambio relevante en la política económica argentina. “Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no se ha logrado en una década. El RIGI es un instrumento de política pública notable y Chile debiera tomarlo como referencia. Es la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global”, afirmó.
En esa misma línea, subrayó que uno de los pilares del régimen de incentivos a las grandes inversiones es la estabilidad tributaria de largo plazo. El esquema contempla invariabilidad por 30 años en su régimen general y extiende ese horizonte hasta 40 años en el caso de proyectos estratégicos, conocidos como PEELP.
A su juicio, esa condición resulta decisiva en una industria donde las decisiones de capital se proyectan por décadas y conviven con altos niveles de incertidumbre regulatoria y de mercado. “Esto es lo que los inversionistas mineros requieren: reglas claras y estables en el largo plazo, en línea con la vida útil de los proyectos”, sostuvo.
A ello se suma un componente que, en la práctica, redefine el atractivo del esquema argentino para el capital extranjero: la libre disponibilidad de divisas. Viera explica que el RIGI permite la repatriación de utilidades sin restricciones cambiarias, un factor que durante años condicionó el desarrollo de proyectos en ese país. “Para compañías como BHP, Lundin Mining, First Quantum y Rio Tinto, el cepo era un obstáculo histórico en Argentina. Hoy dejó de serlo”, indicó.
En paralelo, pone el foco en la velocidad del proceso de aprobación, otro elemento que, según su evaluación, altera la comparación regional. El régimen fija un plazo de 45 días para la revisión por parte del Comité Evaluador, lo que contrasta con la dinámica habitual en Chile. “En Chile, un proyecto podía esperar meses solo para obtener una Resolución de Calificación Ambiental. Esa brecha en tiempos se traduce en una ventaja competitiva relevante”, reconoció.
A partir de ello, Viera planteó que Chile enfrenta la necesidad de ajustar su estrategia si busca sostener su posición en la competencia global por inversiones mineras. “Chile no se puede quedar dormido: debe competir por atraer inversiones. Hay que buscar una estrategia distinta, aprovechando las ventajas que ofrece el país; por ejemplo, aumentar la capacidad de fundición y refino, y así captar los concentrados de Argentina y de Chile”.
“El RIGI es una lección de política pública proinversión. No significa copiarlo de manera idéntica, pero sí aprender de sus principios: estabilidad fiscal de largo plazo, simplicidad normativa, libre disponibilidad de divisas, trato preferencial a proyectos estratégicos y -fundamental- el compromiso del Estado de no cambiar las reglas”.
Puntos fuertes
En la comparación con Chile, Argentina ha ido consolidando una serie de ventajas en minería que explican su creciente atractivo para la inversión. El más prometedor es el litio.
“Argentina es hoy la gran potencia emergente del litio global. Tiene cerca del 30% del Triángulo del Litio sudamericano, salmueras con concentraciones superiores a 800 mg/L —como Hombre Muerto West, con 883 mg/L— y tecnología de extracción directa en plena implementación. El proyecto Rincón, de Rio Tinto, con una inversión de US$ 2.724 millones, es un referente mundial. Además, solo Salta concentra 35 proyectos en distintas fases”, explicó Viera.
En su visión, el entorno normativo marca una diferencia relevante frente a Chile. “La ventaja de Argentina en litio no es solo la geología: es que tiene un esquema regulatorio mucho más ágil que el chileno”, sostuvo.
A diferencia de Chile, donde el litio no es concesible y requiere Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) con la Corfo -lo que implica procesos extenso-, en Argentina se rige como cualquier otro mineral.
“Eso acelera enormemente los proyectos. Si Chile no avanza en liberar el litio, derogando los artículos 7, 8 y 9, va a dejar de ser atractivo para invertir en este sector”, adviertió.
Una situación similar se observa en el oro, donde Argentina presenta una ventaja en producción. Con más de 60 toneladas anuales, se ubica como el noveno productor mundial, mientras Chile se mantiene por debajo de las 30. “Existe una diferencia relevante en el desarrollo sostenido de proyectos”, señaló.
Ese desempeño se apoya en operaciones que han logrado estabilidad en el tiempo. Entre ellas destacó Veladero, de Barrick Mining, con una inversión de US$ 380 millones, junto a Gualcamayo, de Minas Argentinas, con US$ 665 millones, y Diablillos, de AbraSilver, con una inversión estimada en US$ 760 millones.
En contraste, reconoce que Chile podría recuperar terreno con Salares Norte, de Gold Fields, aunque subraya que Argentina mantiene una trayectoria más consistente en este segmento.
El escenario cambia al observar el cobre, donde la distancia entre ambos países aún es significativa. Argentina no registra producción actual, pero concentra una cartera de proyectos que ha captado la atención del mercado global. “Tiene algunos de los proyectos greenfield más prometedores del mundo, aunque aún no los materializa”, explica Viera.
Entre ellos destaca Vicuña, considerado uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años. La iniciativa, impulsada por BHP y Lundin Mining, contempla una inversión estimada en US$ 18.000 millones y busca integrar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol bajo el Proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan.
De concretarse, podría ubicarse entre las cinco mayores minas de cobre del mundo. El proyecto ingresó al RIGI en diciembre y continúa en evaluación, mientras avanza en ingeniería, ampliación de campamentos y movimiento de tierras, con miras a iniciar su construcción en el primer trimestre de 2027.
A ese desarrollo se suma Pachón, de Glencore, actualmente en evaluación por el comité del RIGI, con una inversión estimada en US$ 9.500 millones. También figura Los Azules, de McEwen Copper, con US$ 2.672 millones comprometidos, la única iniciativa cuprífera adherida al mecanismo.
Sin embargo, Viera adviertió que la magnitud del potencial todavía no se traduce en producción efectiva. “La primera producción de cobre en Argentina se proyecta hacia 2030 con Josemaría. Entre 2030 y 2035 podría alcanzar entre 1 y 1,5 millones de toneladas anuales. Eso la ubicaría entre los principales productores, aunque todavía por debajo de los cerca de 5,4 millones de Chile”, precisó.
En plata, la brecha se mantiene. Argentina produce cerca de 750 toneladas al año, lo que la posiciona como el décimo productor mundial, mientras Chile alcanza aproximadamente 1.200 toneladas y Perú se acerca a las 3.000. “Proyectos como Diablillos contribuirán a mejorar esa cifra, pero en el corto plazo no representa una competencia directa para Chile”, aclaró.
Los desafíos
En este contexto, la discusión sobre cómo Chile puede sostener su liderazgo minero en la región adquiere una nueva relevancia. Manuel Viera Flores señala que la Cámara Minera de Chile ha propuesto al Ejecutivo una hoja de ruta para el período 2026-2030, que reúne 10 medidas concretas, ordenadas según su urgencia. El objetivo, explica, no es solo mantener la posición actual del país, sino también recuperar la ventaja que se ha ido erosionando en los últimos años.
Entre las propuestas destaca la creación de un estatuto de invariabilidad tributaria por 30 años, inspirado en experiencias recientes de la región. “Se debe ofrecer estabilidad fiscal de largo plazo para proyectos superiores a US$ 500 millones. Sin invariabilidad, no se atraerán los megaproyectos que hoy compiten por capital a nivel global”, afirmó.
Otro eje relevante apunta a la simplificación del sistema de permisos. La iniciativa plantea reducir los cerca de 500 trámites actuales a menos de 100, junto con fijar plazos máximos obligatorios para su resolución. “Un proyecto debiera tener una respuesta definitiva en menos de 24 meses desde su ingreso al sistema ambiental. Hoy los tiempos son considerablemente más extensos y generan incertidumbre”, advierte.
La hoja de ruta también incorpora medidas orientadas a fortalecer la exploración, considerada clave para el desarrollo futuro del sector. En ese ámbito, se propone establecer subsidios para la exploración junior y facilitar el ingreso de empresas especializadas, especialmente de Canadá y Australia. “Sin exploración no hay minería futura”, sostuvo.
A lo anterior se suma la necesidad de avanzar en un plan nacional de desalinización que permita responder al aumento de la demanda. “Con el desarrollo de proyectos en Argentina, la presión sobre el uso de agua de mar del Pacífico va a crecer. Chile debiera planificar entre 10 y 15 nuevas plantas desaladoras, junto con sistemas de transporte que incluso podrían compartirse a nivel transandino. Esto abre oportunidades en infraestructura y exportación de servicios, pero requiere una política clara en materia de aguas”, explica.
La propuesta incluye, además, una mirada de integración con Argentina. Más que competir de forma directa, el planteamiento apunta a articular capacidades. “Se puede avanzar en un corredor minero-logístico binacional, con infraestructura como el túnel de Agua Negra, sistemas de desalinización compartidos, puertos en el Pacífico y una cadena de proveedores integrada. Si ambos países colaboran, pueden consolidar el mayor clúster cuprífero del mundo”, proyectó.
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