Una visión dividida sobre las nuevas regulaciones reveló la segunda versión del Índice de Integridad de Gobiernos Corporativos, elaborado por el Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Generación Empresarial (FGE).
El índice “busca ser un aporte concreto en el esfuerzo por fortalecer la gobernanza en nuestras organizaciones, promoviendo prácticas que aumenten la credibilidad y la confianza”, explicó a DF la presidenta de la Fundación Generación Empresarial, Janet Awad.
El estudio se basó en los Principios de Empresas Responsables y Gobernanza de la OCDE, actualizados en 2023, y reveló en qué medida las empresas chilenas siguen estándares internacionales en sus sistemas de gobernanza.
Esta edición contó con la participación de 114 empresas, un alza respecto de las 79 del año pasado. “El aumento de 44% de casos respecto de la primera versión demuestra esta preocupación por fortalecer los gobiernos corporativos tanto en empresas abiertas como cerradas y públicas”, dijo la directora del Centro de Futuros Empresariales de la UAI, Magdalena Aninat.
El índice se desarrolló a partir de tres dimensiones: principios de mercado; el funcionamiento y la estructura de su gobierno corporativo; y la vinculación con el entorno y los sistemas de seguimiento. En cada una de estas dimensiones, se midieron tres subíndices.
La muestra estuvo compuesta en un 81% por grandes empresas, mientras que las medianas y pequeñas sumaron un 13% y 6%, respectivamente. En esta versión, además, un 50% de los participantes correspondió a compañías cerradas, 31% a firmas abiertas y reguladas, y 19% a empresas públicas, asociaciones gremiales y cooperativas.
Reportabilidad y transparencia
Entre las conclusiones del estudio destacó que las empresas abiertas y reguladas son las que se asocian a mayores niveles de integridad, siguiendo la tendencia del año anterior.
“La alta exposición pública y las obligaciones de reportabilidad y transparencia que ha impulsado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han sido un impulso, primero, para analizar estos factores y, luego, implementar mejoras de cara a la obligación de difusión al mercado”, explicó Aninat.
Por sector, destacaron las firmas de servicios financieros, las cuales son altamente reguladas, y las de recursos naturales, que cuentan con una mayor exposición pública.
Además, se consolidó el uso de sistemas orientados a prevenir conflictos de interés, combatir la corrupción y resguardar la libre competencia. La académica atribuyó la aceleración en la adopción de estas prácticas a los casos de alta visibilidad pública y a las nuevas exigencias legales en materia de transparencia y sanciones.
Boom normativo
Según el estudio, hay una visión dividida sobre las regulaciones que han entrado en vigencia en los últimos años -como la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, y el refuerzo de obligaciones de reporte de la CMF- y que atañen directamente a los gobiernos corporativos.
Del 48% que manifestó una percepción negativa, un 27% calificó las nuevas normas como una sobrerregulación que puede afectar los resultados de la empresa. Asimismo, a un 21% le preocupó el efecto de estas leyes sobre la capacidad de innovar al interior de las organizaciones.
El 52% que percibió efectos positivos del boom normativo cree que impulsará cambios y mejoras internas, o ayudará a igualar los estándares a nivel de industrias y competidores.
Madurez asimétrica
En esta versión la dimensión “principios de mercado” se mantuvo con altos puntajes, mientras que “funcionamiento y estructura” bajó en comparación con el año anterior, al igual que “entorno y seguimiento”.
Los autores llamaron a esto una “madurez asimétrica” y lo atribuyeron a dos causas estructurales. Primero, a que la regulación actual favorece los aspectos financieros y contables, dejando de lado el aprendizaje y los temas socioambientales.
Segundo, a las empresas suelen invertir principalmente en “controles duros” como códigos y comités de auditoría y no en otras formas como la diversidad o la evaluación externa.
“Ahora falta crecer en los sistemas de gobernanza ‘blandos’ que permiten integrar la mejora continua, la valoración de los impactos en el entorno y las dimensiones socioambientales que son relevantes para la proyección de las compañías y la generación de valor a los accionistas en el tiempo”, mencionó Aninat.
Al igual que el año pasado, hubo un desequilibrio en las prioridades de los gobiernos corporativos, con mayor foco en lo financiero y poco en lo socioambiental.
“Los datos muestran que el 95% de las empresas entregan información detallada sobre resultados financieros y estructura de deuda, pero menos de la mitad reporta su desempeño o controversias socioambientales a los accionistas” consignó el texto.
Awad también destacó ese punto. “La creación de valor, hoy, no puede limitarse a los resultados económicos: debe equilibrar impactos sociales y medioambientales con un desarrollo empresarial responsable”, dijo.
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