Penta desata una crisis
- En 2014 estalló el denominado caso Penta, escándalo que de una evasión tributaria pasó a desnudar un esquema de financiamiento ilegal de la política por medio de las llamadas “boletas ideológicamente falsas” y que terminó -entre otros- con los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, condenados. De acuerdo a lo consignado por Chile Transparente, durante la investigación Empresas Penta y sociedades ligadas a los dueños y a sus familiares, pagaron cerca de $ 10 mil millones en impuestos adeudados, intereses y reajustes.
2014
fue el año en que estalló el caso penta.
SQM y el efecto en el Gobierno de Bachelet
Penta resultó ser la punta de un iceberg. La investigación contra la empresa financiera llevó a que surgieran diversas “aristas”, siendo las más bulladas las de SQM y Corpesca. En el caso de la empresa ligada a Julio Ponce Lerou, pagó unos US$ 14 millones entre 2009 y 2014 de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales de casi todo el espectro de la clase política tradicional de Chile. El caso también tuvo impacto en el entonces segundo Gobierno de Michelle Bachelet, ya que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, terminó salpicado y debió abandonar el gabinete.
El tema para SQM escaló a nivel internacional, ya que en Estados Unidos la empresa fue multada en 2017 con poco más de US$ 30 millones, además de que un monitor externo, por un plazo de 24 meses, evaluó el programa de cumplimiento de la sociedad.
Corpesca termina con parlamentarios condenados
Corpesca, ligada al Grupo Angelini, es otra de las empresas que fue investigada por financiamiento ilegal de la política por medio del exgerente general, Francisco Mujica. El caso involucró al exsenador Jaime Orpis, quien fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo, mientras que la exdiputada Marta Isasi también fue condenada. Por su parte, la empresa fue multada con $ 500 millones.
Los cambios que se generaron
- Tras los casos surgieron leyes como la de probidad para el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de conflictos de intereses. Por otro lado, se introdujeron más regulaciones a los partidos políticos, como la modificación de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que -entre otras cosas- prohíbe el aporte de personas jurídicas a las campañas.
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