Durante octubre, la trama judicial que involucra a los exsocios de Eloy Servicios Financieros sumó un nuevo capítulo. El miércoles 1 de octubre, Juan Diego Gras y Matías Jarpa fueron formalizados: Gras —defendido por el abogado Rodrigo de la Barra— por apropiación indebida y delitos relacionados con la falta de libros contables; y Jarpa —representado por Darío Silva— solo por este último cargo.
En la audiencia, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago decretó 60 días de investigación y fijó medidas cautelares: firma mensual para ambos y arraigo nacional en el caso de Gras.
En paralelo, a comienzos de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó la revocación de la inscripción de Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. en el registro de corredores. Según la resolución del regulador, fue la propia compañía la que solicitó en 2021 la cancelación voluntaria de su licencia. Además, el documento detalla que Eloy llevaba más de un año sin operar como corredor activo.
La corredora, fundada en 2015, está en el centro de una serie de querellas de inversionistas que acusan irregularidades en operaciones con facturas ligadas a la conservera Pentzke. Desde el entorno de los querellantes aseguran que un peritaje forense fue clave para avanzar en la formalización. Por su parte, personas vinculadas a la defensa advierten que ese informe no tiene valor, ya que fue financiado por la parte querellante.
Contactado Rodrigo de la Barra, abogado de Gras, explica que “para la defensa es importante que el caso esté avanzando, de modo de ir acercándonos al cierre de un largo proceso”. En concreto, afirma que “los casos que Eloy mantiene contra Penztke y los antecedentes vinculados a esa liquidación ayudan a demostrar que las inversiones fueron efectivas y que lamentablemente la situación social y económica post estallido llevaron a los inversionistas y también a los controladores de Eloy y sus familiares a un relevante daño patrimonial”.