Caso Swell: Los argumentos de la Fiscalía para dejar a Gamboa en prisión
El Ministerio Público seguirá indagando los nuevos antecedentes de la carpeta, y tratará de dilucidar el rol de los otros empleados y socios de Gamboa que habrían actuado como cómplices, según acusan los querellantes del caso. Además, el lavado de dinero podría transformarse en una nueva arista.
Por: Nicolás Durante
Publicado: Sábado 5 de noviembre de 2022 a las 21:00 hrs.
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A las 9 am en punto de este jueves 3 de noviembre, vestido de camisa celeste y acompañado del penalista Rodrigo Avila, desde las oficinas del estudio de abogados Ortiz & Cía., se presentó a la audiencia de formalización Octavio Gamboa, ex socio de la gestora Swell quien en julio de 2021 se autodenunció por presunta estafa. También se veía en pantalla -desde otro lugar- al exempleado y contador de la compañía, Michael Suárez.
La audiencia, que fue por Zoom -por lo que la sala 803 permaneció con un computador y vacía- y que por orden del juez Rodrigo Carrasco no permitió el acceso a la prensa, fue liderada por el fiscal de la zona metropolitana oriente, Felipe Sepúlveda, quien formalizó a Gamboa y Suárez por la investigación de los “delitos consumados y reiterados de apropiación indebida y de administración desleal”.
En detalle, señaló el persecutor, se acusa que Gamboa se apropió indebidamente de unos $ 5.160 millones, más una afectación de $ 4.000 millones en administración desleal de los fondos de inversión privada que manejaba Swell.
Pero Sepúlveda, que estaba acompañado por la fiscal América Vergara, mostró nuevas cartas del caso. Mencionó, por ejemplo, que un día antes de autodenunciarse ante la Fiscalía en julio del año pasado, Gamboa transfirió $ 170 millones a su amigo, y también investigado en la causa, Mauricio Silva, para que hiciera una operación forward en dólares para que con ese dinero pudiera pagar a sus abogados.
Asimismo, para argumentar que el querellado no está tratando realmente de resarcir a las víctimas, explicó que una de las propiedades -avaluada en $ 200 millones-, que Gamboa puso como parte de su patrimonio, en verdad estaba a punto de ser rematada, por lo que no podía indemnizar con ella a los querellantes.
Por último, el fiscal mencionó un reciente informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), hoy dirigida por el exsuperintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, y donde habría indicios de lavado de dinero por parte de Gamboa. Eso, dijo Sepúlveda, aún está en investigación y no habría una decisión tomada, pero se seguirá esa línea investigativa.

Defensa: apelará “cuanto antes”
Tras enumerar sus argumentos, el fiscal pidió prisión preventiva para Gamboa y arresto domiciliario total para Suárez.
La defensa de Suárez, representado por Carlos Cáceres, no se opuso a la medida cautelar, mientras que el abogado de Gamboa, Rodrigo Avila, se mostró contrario a la gravedad de la medida, sobre todo, dijo, por la irreprochable conducta anterior del imputado, la intención de resarcir el daño causado y porque no existiría un peligro de fuga.
Sin embargo, el juez desechó esos argumentos y decretó arresto domiciliario total para Suárez, y prisión preventiva para Gamboa, quien pasado el mediodía del jueves fue trasladado a una celda en la cárcel Santiago 1. Fuentes de la defensa adelantan que apelarán a la medida cautelar “cuanto antes”.
El tribunal dio 180 días a la Fiscalía para investigar. Por ahora, el Ministerio Público seguirá indagando los nuevos antecedentes de la carpeta, y tratará de dilucidar el rol de los otros empleados y socios de Gamboa que habrían actuado como cómplices, según acusan los querellantes del caso.
En la audiencia también estuvieron presentes los abogados Jaime Winter y Loreto Hoyos por Sartor; Rodrigo Zegers y Braulio Carrasco por Swell y Javiera Venegas por Tanner.
Consultado el abogado Jaime Winter, señaló a DF MAS que “con esta decisión el tribunal ha dejado clara la gravedad que este tipo de delitos tiene para nuestro sistema económico y la confianza de los inversionistas. Es fundamental que estos hechos se tomen en serio y que no haya duda de que debe haber igualdad en el tratamiento de los delitos de cuello y corbata con los delitos comunes”.
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