Infraestructura que no estaba como se había acordado, e inversiones que supuestamente se habían hecho para mejorar la operación, pero que no se concretaron.
Esos son algunos de los reclamos con que Algonquin Power & Utilities, la firma canadiense que compró la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) en 2020, enfrenta a Aguas Andinas.
La demanda, que se ventiló por un hecho esencial de la sanitaria de la Región Metropolitana, asciende a $65.222 millones, siendo que Algonquin pagó $ 74.400 millones por quedarse con la sanitaria que enfrentó graves problemas al dejar sin agua a Osorno por semanas.
Los equipos legales de ambas partes ya están armados para enfrentarse en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Mientras a Aguas Andinas la defiende el estudio de abogados de Raimundo Labarca, Essal escogió en Carey al equipo liderado por el abogado Aldo Molinari.
Fuentes conocedoras del caso comentan que Essal llevaba varios meses conversando con Aguas Andinas por ciertos incumplimientos en los contratos, como equipos que debían funcionar y ya no lo hacían, o inversiones comprometidas en la concesión y que al no hacerse, con el tiempo dañaron a los nuevos dueños.
Además, como el contrato entre ambas partes tenía plazos perentorios para demandar infracciones, Essal decidió sumar una decena de incumplimientos y acudir con todos ellos juntos al arbitraje, en vez de hacerlo uno por uno.
Un abogado de la plaza le baja dramatismo a este tipo de controversias y dice que, sobre todo en venta de activos ultra regulados, es normal que con el pasar de los meses surjan diferencias, porque muchas de las inversiones comprometidas previo a la compra se ven resultados varios meses después.
Aguas Andinas ha dicho oficialmente que rechaza las alegaciones y que ellos cumplieron todos los acuerdos. Además, hacen ver que hubo un proceso arduo de due diligence, que incluyó visitas a las plantas y revisión in situ de los activos que se estaban vendiendo, reuniones y asesorías de expertos, presentaciones de equipos, bancos y exposiciones a nivel técnico, financiero y legal.
La sanitaria capitalina además había previsto cualquier tipo de controversias y estipuló en el contrato que el monto máximo a indemnizar sería de US$ 11 millones, unos $ 8.756 millones al dólar de la fecha de la transacción. Sin embargo, si es que el juez árbitro del proceso estima que hubo dolo o culpa grave por parte de Aguas Andinas, podría obligar a pagar por más de los $ 8.756 millones y acercarse a los $ 65 mil millones que pide Algonquin.
Según se reportó en 2020, los socios Francisco Guzmán y Cristián Eyzaguirre, de Carey, estuvieron a cargo de revisar la documentación por parte de la canadiense; mientras que Fernando Bravo, José Andrés Pascual y Nicolás Yuraszeck, de Prieto Abogados, más los abogados internos Camilo Larraín y Francisca Blanc Mendiberri, estuvieron por parte de Aguas Andinas.
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