Sigue la batalla legal en torno a las multas que impuso la CMF a los entonces directores de LarrainVial Activos, por su rol en el caso del Fondo Capital Estructurado I, destinado a saldar deudas de Antonio Jalaff a cambio de una participación indirecta en Grupo Patio, en un diseño en el que participó la malograda corredora de bolsa STF.
El 2 de octubre pasado, los exdirectores de LVA concretaron el ingreso de un Reclamo de Ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de resolución de la CMF sancionatoria. Y pese a que el regulador ya les rebajó las multas -de 5 mil UF a 4 mil UF a cada uno, tras el recurso de reposición que interpusieron- pidieron en el documento en la Corte que se deje sin efecto la resolución, las infracciones imputadas y, por consiguiente, toda multa que pudiera asociarse a ellas.
Y al dar sus argumentos, en el escrito -de 54 páginas y patrocinado por el abogado Alfredo Alcaíno- esta defensa no escatimó en críticas al actuar de la propia CMF en el caso.
“Mientras tanto la resolución reclamada fuerza lo imposible para sancionar a los exdirectores de LVA AGF por hechos que no cometieron, la CMF -teniendo todos los antecedentes sobre las irregularidades de STF Corredores antes de la creación del Fondo- simplemente no hizo nada”.
El documento apunta a que una de las omisiones más graves y reveladoras de la resolución reclamada consiste en ignorar por completo un antecedente de carácter institucional que -a ojos de esta parte- cambia radicalmente la comprensión de los hechos.
“La CMF tenía conocimiento, a diferencia del directorio de LVA AGF, al menos desde el año 2022, de que STF Corredores operaba con graves irregularidades normativas y estructurales”, indican. Y agregan: “Esta omisión de la resolución reclamada no es sólo metodológicamente inaceptable, sino que evidencia una estrategia orientada a concentrar la responsabilidad en los exdirectores de LVA AGF, mientras se silencia el rol que jugó la autoridad en la gestación del Fondo. Los antecedentes disponibles en el proceso demuestran de forma irrefragable que la CMF, a diferencia de los reclamantes, contaba desde 2022 con información suficiente para cuestionar la legalidad, transparencia e idoneidad de las operaciones de STF Corredores”.
El documento menciona, entre esos antecedentes, a que, durante el año 2022, la CMF tomó por escrito conocimiento cierto y oportuno de “gravísimas irregularidades” que comprometían la solvencia y liquidez del intermediario STF Corredores, antecedentes y hechos que le fueron “debidamente informados por la Bolsa de Comercio de Santiago”.
“De hecho, el 13 de septiembre de 2022 (antes de que el Fondo estuviera en proyecto por parte del directorio de LVA AGF) se pone en conocimiento de la CMF que STF Corredores quedaba en la práctica impedida de realizar ciertas operaciones”, indican. Aluden, por ejemplo, a una carta de fecha 13 de septiembre de 2022, de Carlos Molina Reyes, gerente de auditoría y control de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), a Cristián Villalobos Oliveros, director de Supervisión Prudencial de Valores de la CMF, en la que le adjunta copia de una carta de la misma fecha dirigida a la gerencia general de STF Corredores por el gerente general de la BCS. Y otra, de fecha 27 de enero de 2023, de la gerencia general de la BCS a Daniel García Schilling, director general de Supervisión de Conducta de Mercado, en la que le adjunta el informe de auditoría de la BCS a STF Corredores.
“Frente a este cuadro, lo mínimamente exigible a la autoridad fiscalizadora habría sido que la CMF emitiera alertas al mercado, suspendiera temporalmente las operaciones de STF Corredores o, al menos, advirtiera a los actores institucionales del sistema financiero que mantenían relación con dicha sociedad. Sin embargo, no hizo nada. Guardó silencio. Y en ese silencio reconocible como omisión institucional con consecuencias regulatorias, se gestó la posibilidad misma de que el Fondo fuera estructurado y lanzado al mercado”, dijeron.
La CMF aún no contesta el Reclamo de Ilegalidad en la Corte, pero su posición frente a este tema ya la dejó de manifiesto al evaluar el recurso de reposición.
“En torno a la situación de STF Capital Corredores de Bolsa SPA, intermediaria que no daba cumplimiento a sus índices patrimoniales, se reitera que la corredora fue debidamente fiscalizada y sancionada por las conductas a que se refieren los descargos y la reposición, y que aun así, ello no libera de responsabilidad a los directores investigados por sus faltas al deber de cuidado que exigía su rol en LVA AGF, acorde a las normas que rigen su función y que son independientes del rol de otros agentes del mercado. Aún más, las actuaciones imputadas a los directores son incluso anteriores a la intervención de STF CB, ya que se inician con el diseño y aprobación de la estructura del fondo, el análisis y evaluación del negocio al que éste se enfocaba, así como el depósito de su reglamento interno”, dijeron en ese documento. Y agregaron: “esta Comisión ejerció en forma oportuna las atribuciones que le confiere la normativa aplicable, en relación con la situación de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, sin que se configure una eventual falta de servicio que libere de responsabilidad a los directores”.