Salida norte del Metro Universidad de Chile. Son 500 pasos por el Paseo Ahumada hasta la entrada de un edificio ubicado justo en la esquina con calle Moneda. Ascensor, piso 15. Sólo los 76 funcionarios, o invitados, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueden ingresar al cuartel general de este -reservado- servicio público. Quienes han entrado, cuentan que en su interior hay ciertas dependencias que tienen puertas blindadas, las que requieren autorización biométrica.
Este es el primer acercamiento al sigiloso mundo de la UAF, que quedó en el centro del debate público tras revelarse la Operación Tokio, la mayor investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile. El caso abrió un cuestionamiento político y judicial sobre la efectividad del sistema preventivo en el país y aceleró la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario en el Congreso.
Guardar estricto secreto
La UAF es un servicio público descentralizado y con patrimonio propio, el cual opera bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Fue creada en 2003 con el objetivo central de vigilar, prevenir e impedir que tanto el sistema financiero como otros sectores económicos del país sean instrumentalizados para el lavado de activos.
Para cumplir su misión, la entidad articula su estrategia operativa en torno a un “Enfoque Basado en Riesgos”, un modelo preventivo que depende directamente de la colaboración activa del sector privado. El éxito de este mecanismo radica en la capacidad de las instituciones financieras, principalmente los bancos, para detectar anomalías en sus transacciones cotidianas y reportar de manera oportuna dichos movimientos sospechosos a la unidad.
DF MAS solicitó una entrevista con el director subrogante de la UAF, Marcelo Contreras, quien asumió tras la salida de Carlos Pávez. El objetivo era conocer de primera fuente cómo funciona la unidad, a propósito de los reportes enviados por ésta al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red del Tren de Aragua.
“Conforme al artículo 13 de la Ley N° 19.913, quienes prestan servicios en la Unidad de Análisis Financiero deben guardar estricto secreto respecto de toda información conocida en el ejercicio de sus funciones, siendo esta obligación permanente y legalmente sancionada”, fue la respuesta de la UAF.
El dilema de la gobernanza
Bajo confidencialidad, exfuncionarios de la UAF conversaron con este medio. No sobre investigaciones particulares, sino que hablaron de cómo funciona la unidad, la que muchos podrían pensar que mantiene todo, absolutamente todo en reserva. No. Pese a la sensible información que manejan, dice un exanalista, el listado de funcionarios es información pública. Por transparencia de un organismo público, como corresponde por normativa, añade otro exdirectivo.
Entre los funcionarios, las profesiones que más se repiten son abogado, contador e ingeniero.
Según uno de los consultados, un punto complejo al interior de la unidad es la convivencia entre el secreto de Estado y los derechos laborales. A diferencia de otros servicios, la UAF recibe información que los bancos están obligados a entregar por ley. Gestionar este flujo de datos exige un control absoluto sobre el personal. Fuentes revelan históricos choques por estándares de seguridad: mientras la dirección prohíbe ingresar con teléfonos celulares a las áreas de análisis, la Asociación de Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero ha presionado en contra.
Un exjefe divisional de la UAF habla sobre lo que llamaban la doctrina del excontralor Ramiro Mendoza, quien -asegura el consultado- respaldaba las desvinculaciones inmediatas: al manejar información privilegiada, todos los funcionarios deben ser de exclusiva confianza. La inamovilidad y sindicalización de analistas, afirma una ex alta autoridad de la UAF, introducen riesgos operativos y políticos a gran escala en un sector donde la información no admite filtraciones.
Este medio intentó sin éxito tener la versión de la asociación de funcionarios.
Del estafeta a la encriptación
A pesar de las tensiones gremiales, quienes han trabajado en la UAF destacan que el salto tecnológico ha sido radical durante las últimas dos décadas. En los inicios del servicio, tras procesar los datos, los informes sensibles eran trasladados físicamente por el estafeta/chofer en una carpeta hacia el Ministerio Público, representando un peligro crítico.
Hoy, ese escenario cambió. El flujo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ingresa de forma electrónica por canales encriptados.
Los reportes entrantes pasan por filtros automáticos y matrices de riesgo que clasifican y realizan cruces con bases de datos históricas almacenadas desde el año 2003 a la fecha, antes de asignarse a los analistas, que tienen horario de oficina.
Hay que recordar que la UAF no investiga delitos penales, eso es resorte del Ministerio Público. El valor de la unidad, dice otro exfuncionario, radica en el análisis y “olfato” de sus analistas para detectar anomalías.
Las fuentes consultadas coinciden en que desbaratar una red de lavado de activos toma años. Porque un reporte recibido de un banco puede no arrojar conclusiones inmediatas y quedar congelado (stand-by). No obstante, cuando ingresa una nueva alerta años después, el sistema une los hilos conductores y puede revelar un mapa más completo de la operación.
Y volvemos al valor de la confidencialidad: al trabajar con información parcializada, el secreto absoluto es vital. Si un esquema criminal detecta que está siendo analizado, los delincuentes pueden realizar un solo “click” y retiran fondos o cambian de testaferros, destruyendo la investigación, destaca un exanalista, quien afirma que el carácter reservado también protege la honra de personas analizadas preventivamente, evitando filtraciones antes de que exista certeza de un delito.
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J. Troncoso Ostornol
