Son pocos los clubes chilenos con más historia y tradición que Deportes Magallanes. Es uno de los más longevos del país y uno de los ocho fundadores de la actual Primera División. Fue el primer campeón del profesionalismo y hoy es de los equipos con más títulos de la serie de honor. Lejos de esa época, el club quedó en el centro -aunque sin ser parte- de una batalla judicial que se extendió por más de dos años y que enfrentó a su antiguo dueño, el empresario Anselmo Palma Pfotzer, y a su actual controlador, Cristián Ogalde, histórico agente de Claudio Bravo.
En julio pasado la disputa vivió un nuevo capítulo: el CAM Santiago dictó un laudo favorable para Palma y condenó a la sociedad de Ogalde a pagar US$ 250 mil más intereses.
Sin embargo, Palma -que está “muy al tanto del caso”, dicen conocedores- no quedó conforme con la sentencia. Por eso su sociedad acudió a tribunales para intentar revertir parte de la resolución, la cual rechazó otro pago de $ 203 millones ligados al Canal del Fútbol (CDF).
Esta es la historia.
La oferta
Todo comenzó en abril de 2018, cuando Anselmo Palma -ingeniero civil PUC, accionista y director de La Polar (ahora abc), y parte del grupo familiar detrás de Wenco, el mayor fabricante de envases de plásticos de Chile- decidió vender el control de Deportes Magallanes. Ese año, Inversiones Higuerillas Uno Limitada, la sociedad a través de la cual administraba el club, firmó un contrato de compraventa con Asesores del Sur SpA, de Cristián Ogalde, abogado y exdirigente de las divisiones inferiores de Universidad Católica, que luego se transformó en agente de futbolistas como Mark González, Eduardo Vargas y Claudio Bravo, y más tarde en empresario deportivo tras adquirir el club Santa Cruz.
Antes de concretar la operación, Palma -que compró Deportes Magallanes en la década anterior a Alfonso Swett Saavedra y descrito por quienes lo conocen como un empresario de muy bajo perfil- se había acercado a Ogalde para pedirle apoyo en la búsqueda de un comprador. Hubo gestiones en el extranjero, pero no prosperaron. Fue entonces, relatan testigos, cuando el accionista de La Polar le ofreció directamente venderle el club al abogado. Y Ogalde aceptó.
Hasta ahí, todo marchaba bien. El precio base pactado, dice el laudo, fue de unos US$ 1.250.000 e incluyó cláusulas de “ajustes” vinculados al rendimiento deportivo y a futuros ingresos de la institución: un bono en caso de ascenso a Primera División y otro asociado a los flujos que podrían recibir desde el CDF.
Justamente esos dos ajustes fueron los que, años después, detonaron el conflicto entre las partes.
El conflicto
A juicio de la sociedad de Palma estos dos eventos ocurrieron dentro del plazo estipulado en el contrato: en 2022 Deportes Magallanes ascendió a la Primera División del fútbol chileno, lo que, según ellos, gatilló un pago de US$ 250 mil más intereses. Y además, años antes, el club había recibido montos (excedentes) por los derechos de transmisión por parte del CDF, lo que también, a su entender, generaba un ajuste adicional de $ 203 millones.
Por eso, en junio de 2023 acudieron al CAM y en octubre presentaron la demanda arbitral en contra de Asesores del Sur. Esa sociedad, sin embargo, ya no es accionista de Deportes Magallanes: por razones de eficiencia tributaria, el grupo controlador trasladó la propiedad a otra de sus compañías, dicen conocedores.
La acción judicial exigía el pago de ambos montos. Ese mismo mes, la defensa de Ogalde pidió al árbitro rechazar todas las acusaciones. Su postura, dicen entendidos, radicó en que Anselmo Palma ya había recibido recursos relevantes desde el CDF y, además, según relata el laudo, describió la estructura contractual como una “operación compleja, ideada y ejecutada por Higuerillas para apropiarse de los flujos futuros de Magallanes”.
Hubo réplicas, dúplicas y, más tarde, un intento de conciliación que terminó fracasando en diciembre de 2023. Con eso se abrió la etapa de prueba.
Finalmente, todo quedó zanjado a mediados de julio pasado, cuando el CAM dictó una sentencia definitiva de 69 páginas que concluyó que Asesores del Sur incurrió en incumplimiento del contrato. Por ello, la sociedad fue condenada a pagar los US$ 250 mil correspondientes al “primer ajuste”, junto con intereses.
Pero ese fallo no venció al ganador.
La queja
A finales de julio -dos semanas después del laudo- Inversiones Higuerillas Uno, mediante su abogado Matías Izcue, acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un recurso de queja contra el árbitro del caso. La razón: “Falta o abuso grave” en la dictación de la sentencia definitiva del arbitraje.
¿Qué pasó? La sociedad de Anselmo Palma impugna que se haya rechazado el segundo ajuste de precio -los $ 203 millones- por no tener por acreditado un “reparto del exceso de caja” del CDF, pese a -dicen ellos- reconocer la adjudicación de derechos dentro del plazo contractual. Por eso piden que se deje sin efecto esa parte del laudo y que Asesores del Sur pague el monto.
Hasta ahora, la causa sigue activa en la Corte de Apelaciones. Pero, en paralelo, fuentes al tanto del proceso señalan que la sociedad de Anselmo Palma ya prepara las gestiones para ejecutar el cobro forzado de los US$ 250 mil.
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Mateo Navas
