Miles de metros de madera que recolectaban y vendían a empresas certificadas internacionalmente, pero que se hacían desde una casa habitación ubicada en la comuna de San Pedro de la Paz, al sur de Concepción, fue lo que levantó sospechas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) del Biobío. Pero eso era sólo un hilo de una madeja que luego desenredaron.
La empresa se llama Forestal Queule, está representada por Estela Soto Ulloa y Cristián Reyes Castro la administra. Contra ellos, además de Felipe Moraga, un supuesto proveedor de madera, está dirigida la querella por delitos tributarios que ingresó el 23 de febrero el SII, en una de las últimas acciones en torno a los sucesivos descubrimientos de comercialización ilegal de madera. Siguiendo el dinero y la evasión de impuestos, la entidad fiscalizadora ha dado con el paradero de bandas organizadas en torno a ese ilícito.
Sólo en esta querella en particular, el perjuicio fiscal asciende a $ 2.100 millones, por medio de la entrega de 269 facturas falsas emitidas entre marzo de 2020 y julio de 2022, por montos de venta superiores a los $ 5 mil millones, que entregaban supuestamente a tres de sus principales clientes, y con ello utilizaron el crédito fiscal IVA de dichos documentos tributarios electrónicos al declararlos en sus respectivos formularios.
Estas tres empresas son: Foraction Chili, Forestal Leonera y Procesadora de madera Los Ángeles. Al menos las dos primeras están certificadas por el sello internacional FSC, que reconoce que la procedencia de la madera está trazada, son lícitos y con estándares globales. Según el SII, eso no se cumplió.
Modus operandi
Fue el Informe de Recopilación N° 4 del 15 de diciembre de 2022 el que dio cuenta de cómo funcionó esta empresa para evitar el pago de impuestos.
En él se da cuenta que el domicilio declarado por la Forestal Queule corresponde a una casa de 73 metros cuadrados, el cual no es apto para desarrollar el giro que declara, es decir, “venta al por mayor de materias primas agrícolas y de madera en bruto y productos primarios de la elaboración de maderas”.
“Forestal Queule no tiene sucursales como canchas de acopio, bodegas u otros similares para mantener la madera que comercializa, tampoco registra activos como camiones o maquinarias y en sus declaraciones juradas”, dice la querella ingresada al Juzgado de Garantía de Concepción y que fue enviada a la Fiscalía de Alta Complejidad de la capital regional, que ya sigue otros delitos asociados al robo de madera.
En la indagación que hizo el SII, se percataron de que Queule declara compras por un total de $ 5.069 millones, muy similar a las ventas que genera con la emisión de las facturas falsas a sus principales clientes, pagando un bajo o nulo impuesto por concepto de impuesto a las ventas y servicios.
Solo en esta querella en particular, el perjuicio fiscal asciende a $ 2.100 millones, por medio de la entrega de 269 facturas falsas emitidas entre marzo de 2020 y julio de 2022, por montos de venta superiores a los $5 mil millones, que entregaban supuestamente a tres de sus principales clientes, y con ello utilizaron el crédito fiscal IVA de dichos documentos tributarios electrónicos al declararlos en sus respectivos Formularios.
El SII también revisó los patrimonios de ambos querellados. Cristián Reyes dijo no recibir ingresos como trabajador o boletas de honorarios, pero hizo un depósito en un fondo mutuo de BCI por más de mil millones de pesos en octubre de 2021, mientras que Estela Soto aumentó su patrimonio por derecho en sociedades desde $ 418 millones el 2020 a $ 892 millones en 2021.
En el caso de Felipe Moraga, el tercer querellado, se pudo establecer que entregó 45 facturas falsas a Forestal Quele, quien supuestamente prestó servicios de cosecha de trozos de pino por 17.000 metros cúbicos en tres predios de la Región de La Araucanía.
¿Y de dónde viene la madera?
Al revisar las facturas emitidas por Queule, entre los períodos de marzo y julio de 2020, establece haber vendido madera proveniente de Carahue, Chol Chol, Nueva Imperial, Tomé y El Carmen. Pero tras revisiones de imágenes satelitales y levantamiento de datos con otros organismos como Conaf, el Servicio se dio cuenta que, de esos fundos, no pudo haber sacado madera.
“La falsedad de las facturas emitidas por Queule se debe a que las operaciones de venta de madera de que dan cuenta no se realizaron, al menos en la forma descrita en cada una de ellas, ya que Queule no compró la madera que declara vender a sus principales clientes”, se lee.
El predio de Arauco en disputa
Luego detalla algunos proveedores de la supuesta madera vendida. Una mujer de apellido Salas Antileo aparece vendiendo 29.100 metros cúbicos de pino en los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, por un valor total de $ 853 millones, pero sin identificar el predio de origen.
Salas Antileo es parte de la familia dueña del fundo Chilcoco, en Llico, comuna de Arauco, con una superficie de 2.700 hectáreas que “la comunidad mapuche (conformada por sus herederos) disputa con Forestal Arauco SA”, dice la querella.
Lo anterior resulta relevante, agrega, considerando que si bien en las facturas de compras no se singulariza la propiedad desde la cual se habría extraído los metros cúbicos de pino que aparece vendiendo a Forestal Queule, esta sociedad emitió 968 guías de despacho dando cuenta del traslado de un total de 29.256 metros cúbicos de trozos de pino desde el fundo Chilcoco, de la comuna de Arauco, cantidad similar a los 29.100 metros cúbicos que se consignan en las facturas de compra emitidas a Salas Antileo.
Pero al cruzar los datos surgen más antecedentes. De acuerdo al catastro del SII, el predio en cuestión corresponde al Fundo Tropen, de propiedad de Forestal Arauco. “No existe en el registro de compras de Forestal Los Queules SpA factura alguna por la compra de madera a Forestal Arauco o a otra empresa autorizada para la explotación de los predios Fundo Chilcoco y/o Tropen”.
Según los datos de georreferenciación, el predio se ubica en el sector que reivindica la comunidad mapuche y que el año 2020 sufrió una disminución de 200 hectáreas en su superficie arbórea.
Por lo anterior, en este caso, la proveedora no estaba en condiciones de entregar a Queule los 29.100 metros cúbicos de pino que se mencionan en las facturas de compra, “pues no es propietaria o usufructuaria de predios agrícolas con bosque en pie para explotar y tampoco cuenta con activos para realizar dicha labor.
Probablemente esta madera, de ser efectivas las operaciones, habría sido explotada ilegalmente desde el predio de forestal Arauco, fundo Chilcoco y/ o Tropen del sector Llico de la comuna de Arauco, con conocimiento de Queule, porque si bien en las facturas de compra se indica que se vende la madera puesta en destino, el costo de su cosecha, carguío y traslado es asumido por la compradora, como consta en las facturas por estos servicios contabilizadas en su registro de compras”.
El factor FSC
Ya ha habido investigaciones periodísticas globales -LaBot lo ha hecho por Chile- que cuestionan el rol de los auditores forestales que entregan certificaciones de calidad y origen de la madera, siendo el más reconocido de ellos el Forest Stewardship Council (FSC). Y en este caso el SII deja al descubierto un nuevo caso.
Por ejemplo, Forestal Queule emitió a Foraction Chili entre marzo de 2020 y octubre de 2021 43 facturas por la venta de 126.349 metros cúbicos de madera. Foraction tiene un certificado de cadena de custodia y de madera controlada, que demuestran que “ha implementado los mecanismos necesarios que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede determinar rápidamente el origen de sus productos de madera y los procesos que han sufrido”, lo que en este caso no habría ocurrido. La certificación que actualmente posee Foraction Chili tiene una vigencia desde el 22 de enero de 2020 al 21 de enero de 2025.
Lo mismo que Forestal Leonera, a quien entre noviembre de 2020 y julio de 2022 le emitieron 202 facturas por 53.801 metros cúbicos. El origen de esa madera también es de fundos que no tienen actividad, o están en disputas territoriales y, en cualquier caso, son facturas falsas a proveedores, según el SII.
A pesar de que el SII pidió que la investigación sea reservada, el Tribunal no lo ha concedido y el 16 de marzo, el abogado Rodrigo Cabezas González se hizo parte de la causa en representación de Reyes y Soto. Consultado por DF MAS, dijo que aún no recibía la carpeta de investigación para poder entregar una declaración. El caso recién comienza.
El Grupo ROMA, la unidad de tarea especial para seguir el robo de madera
Desde Santiago, pero coordinado con las direcciones regionales, funciona lo que en el SII bautizaron como el Grupo ROMA (por robo de madera), y que se encarga, con intrincadas herramientas de inteligencia tributaria, de perseguir estos ilícitos, siempre siguiendo la huella del dinero.
Alojado en la Subdirección de Fiscalización, los nombres de los funcionarios están estrictamente reservados por razones de seguridad, de acuerdo a la complejidad de sus tareas.
Es así como el rubro forestal es uno de los focos de fiscalización, principalmente por los numerosos proveedores del rubro, los constantes robos de madera y el conflicto que ataca a la zona sur del país. El flagelo consiste básicamente en la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios muchas veces inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento desde el punto de vista tributario sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones.
Y para hacerlo, usan complejos sistemas de rastreo satelital para ver casi en tiempo real cuál es la extensión de los predios de donde viene la madera que se declara en guías de despacho y facturas y descubrir si efectivamente de ahí pudo haber salido la madera que dice el documento tributario. Muchas veces se encuentran con predios que no existen, que no tienen madera para faenar, o que son casas, como el caso de San Pedro de la Paz.
Esa información también es cruzada con otros organismos como Conaf, el Instituto Forestal (Infor) y el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren).
Y aunque el SII también ha fiscalizado en carreteras las guías de despacho, el foco del Grupo especial ROMA va más allá y busca incorporar tecnología e inteligencia a la persecución de estos delitos.
De lo que ya ha hecho este grupo, integrado, entre otros, por ingenieros forestales, analistas y expertos tributarios, está la elaboración de un mapa completo con la red comercial de contribuyentes que operan en el mercado de la madera a partir de la emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos; se identificaron actividades económicas relacionadas con la madera; se obtuvieron y se cruzaron con nóminas externas (CONAF, Aduanas, exportadores); se identificaron transportistas de la madera; los aserraderos por zona, incluyendo móviles; se obtuvo información de empresas certificadoras del origen de la madera; se identificaron los principales productos que se comercializan; se identificó a los contribuyentes que compran madera, sin ventas posteriores, y a quienes usan guías de despacho electrónicas, sin registrar facturas electrónicas.
Pero además con el departamento de Informática del SII está en etapa de desarrollo de una aplicación que permitirá, tanto a la ciudadanía como a la policía, validar en vivo la información contenida en las guías de despacho electrónicas, contrastándola con la registrada en el SII. Eso, en controles carreteros, por ejemplo, será clave.
También está desarrollándose otra aplicación que permitirá elaborar un mapa de coberturas forestales que, utilizando información del SII en conjunto con CONAF, INFOR y CIREN, permitirá verificar un potencial riesgo de incumplimiento al contrastar la información.
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