Los nuevos frentes de CLC: una formalización, mandato a BTG y aumento de capital
Dos caminos complementarios, pero distintos, está siguiendo la atribulada compañía de salud controlada por Cecilia Karlezi y presidida por Alejandro Gil. Para el corto plazo, el anunciado aumento de capital que este miércoles vivirá su día clave en la junta de accionistas que debatirá esta propuesta, que no convence a minoritarios. Y para más largo plazo, desde este mes hay un mandato amplio entregado a BTG Pactual para que busque soluciones, que incluyen la venta, socio o arriendo, entre un abanico de alternativas. La incertidumbre que afecta al sector salud en Chile y a qué precio habría interesados, son los grandes retos que tendrá que sortear la clínica.
Por: Azucena González - Ilustración: Ignacio Schiefelbein
Publicado: Sábado 22 de junio de 2024 a las 21:00 hrs.

El requerimiento es idéntico para todas: remitir todos los antecedentes e informes que hayan realizado a Clínica Las Condes (CLC), incluidos todos los informes de auditoría, desde 2017 a la fecha.
Dicha carpeta investigativa ya suma 18.131 páginas de pesquisas, informes y declaraciones entre una infinidad de antecedentes, y que esta semana sumó un nuevo capítulo, luego de que se conociera que Gil -representante de la controladora Cecilia Karlezi en CLC- será formalizado el próximo 6 de agosto, a las 11 horas, en la sala 903 del Centro de Justicia, por apropiación indebida en grado de autor, por hechos ocurridos entre los años 2021 y 2024 (ver recuadro).
Dos procesos complementarios, pero distintos: aumento de capital y BTG
Y otro es la existencia de un mandato amplio entregado a BTG Pactual para buscar soluciones y alternativas de financiamiento más estructurales y que van desde la venta de CLC por parte del controlador, el hallazgo de un socio, o bien otras alternativas, como arrendar el inmueble, todos caminos de más largo plazo. Si bien estas fórmulas ya se han explorado en el pasado reciente, ahora se está haciendo de manera formal y sistemática, con la asesoría de BTG Pactual.
“Difícil que los accionistas minoritarios vayan a suscribir, aun a costa de diluirse, si saben que la plata no les va a rendir bajo la gestión actual”, dice un involucrado no controlador. Se da por cierto que el controlador sí va a concurrir con su opción preferente para sostener a CLC, pero se abre la duda de qué pasará si logra sólo la mitad de los recursos, dado que grupo Auguri tiene el 50,05%.
O sea, este actor llega unos US$ 400 millones, y con un Ebitda equivalente a US$ 25 millones al cierre 2023, es un valor que se ubica en torno a los 20 veces Ebitda. “¿Es eso barato?”, se cuestiona este actor financiero, quien cree que la acción aún hoy está cara, y que si bien puede haber interesados en CLC, será a valores muy lejos del precio a $ 40 mil por acción en que compró el actual controlador.
Y por supuesto bajo la premisa básica de controlar y no de ser un acompañante de la actual gestión.
Y, respecto de la deuda, indica que está respaldada contra un activo inmobiliario y que además en parte importante está a largo plazo, pues la compone un bono bullet al 2043, y con tasas razonables, porque se hizo en tiempos de bonanza, previo al aumento de los tipos de interés de los últimos años.
Bajo la asesoría del abogado Álvaro Jofré Serrano, CLC ha adjuntado diversos documentos ante la Fiscalía en los que ha desmentido la existencia de delito, planteando que todas las acusaciones de las querellas “silencian” el hecho de que sólo una vez que son recaudados los fondos por parte de CLC “nace la obligación para ésta” de entregar los montos a los médicos.
Enfatizaron en varios escritos que CLC ha pagado siempre periódica y sistemáticamente a todos los médicos querellantes “en la medida en que se recauden fondos derivados de las prestaciones ejecutadas por éstos”, y planteó en varios escritos ante la Fiscalía casos de médicos querellantes, con el detalle de los pagos realizados.
Además, dijo en los documentos que varios de los querellantes eran “deudores” de la clínica, por no haber cumplido sus obligaciones de pago de arriendos y aportes variables, por lo que la clínica les “prestó” o “anticipó” fondos a los médicos para amortiguar que no hayan recibido sus dineros de manera mensual, dijo.
De la otra vereda, el abogado Patricio Fernández, quien fue el profesional que inició las primeras querellas, cuenta a DF MAS que son más de 50 los médicos querellantes a la fecha y que sólo él representa a 14 doctores a los que CLC adeuda más de $ 1.500 millones, asegura.
“Tenemos certeza de que en los hechos defraudatorios ha tenido participación directa, perjudicando gravemente no sólo a los médicos involucrados, sino que ha causado un perjuicio social en las prestaciones médicas”, apuntó otra abogada querellante, Catherine Lathrop.
Abogados partícipes de este caso ven cuesta arriba que esta causa pueda llevar a prisión efectiva a Alejandro Gil, en el caso de que fuera condenado por la justicia. Sería un solo delito -apropiación indebida, aunque reiterado, y eso pone la duda de si llegaría a pena efectiva-, y, además, entrarían en juego en el análisis las atenuantes.
“En la práctica es difícil, porque imagino que él tendrá irreprochable conducta anterior”, reconoce el propio abogado querellante, quien agrega que “si esta situación hubiera ocurrido ya en vigencia la nueva ley de delitos económicos, probablemente la pena hubiese sido mucho más alta y los beneficios más restringidos”.
Esta ley entró a regir en agosto de 2023 y sus alcances para la responsabilidad penal de la persona jurídica, recién parten en septiembre de este 2024, mientras los hechos de esta causa según el documento de la formalización partieron en 2021.
Tampoco Gil tendría inhabilidades jurídicas para continuar siendo presidente de CLC, dado que aun formalizado existe la presunción de inocencia. “Mientras sólo esté formalizado no tiene un impedimento legal”, dice un abogado querellante en esta causa.
¿Solicitarán la prisión preventiva? “Vamos a estudiarlo”, responde el abogado Patricio Fernández.
Varios son los médicos que en estos años han ido a declarar a la fiscalía y junto con exponer sus casos particulares y, según estiman, deudas impagas, plasmaron lo que a sus ojos es desorden administrativo, hicieron críticas en torno a la salida de los doctores, y descreen de la explicación que ha dado CLC en orden a que la situación de pagos se relaciona con los retardos de las isapres y Fonasa.
“Se ha despedido a cerca de 200 médicos (…) Esto ha ocurrido con la mayoría de los doctores que más cirugías generaban en la clínica, remplazándolos por médicos jóvenes que fueron nuestros becados. Esto carece de toda lógica, ya que no tiene sentido que despidan a doctores que llevaban un montón de pacientes a la clínica, y los cambien por unos recién titulados”, dijo en su declaración el 22 de agosto de 2022 el doctor Joaquín Lara Giménez.
En otra declaración, fechada el 2 de octubre del 2023, el médico neurocirujano Luis Contreras hizo referencia al ambiente en la clínica tras el cambio del controlador, indicado que se destituyó a los jefes de servicio que eran electos democráticamente para ser nombrados por los designados por la dirección médica (en ese momento el doctor Rodrigo Mardones).
“La relación con la dirección se hizo unilateral por parte de ellos con la política de aceptar las condiciones o irse. Como decía el doctor Mardones, ‘si no le gustan las condiciones se pueden ir, tengo mucha gente interesada en venir a trabajar a CLC’”, dijo a la fiscalía este doctor, quien apuntó a que con los despidos de médicos y personal de enfermería la calidad de ciertos procesos bajó.
“Hubo una baja en la adquisición de insumos que obligaron en ocasiones a operar urgencias en condiciones no adecuadas. Ejemplo: realización de endoscopia cerebral con un ureteroscopio”, aseveró este médico, quien remató señalando que renunció por el deterioro del ambiente laboral, el éxodo del personal “de altísimo nivel” y la “sensación de tener una administración que falta a la verdad para explicar la situación administrativa deplorable”.
Otro médico traumatólogo, Alexander Tomic, en su declaración brindada el 20 de octubre de 2022, dijo: “Más de una vez fui a la oficina de Facturación y Modelo Médico para que me indicaran cómo hacían el cálculo del cobro adicional del Modelo Médico, y ni ellos tenían claridad de la forma de cálculo (…) No tenían ninguna claridad sobre los montos que yo debía pagarles ni cómo se calculaban”, dijo.
Y ante una pregunta, fue categórico: “No es posible culpar de esta situación a la crisis de las isapres, ya que a mí se me deben cirugías de enero de 2021, época en que no existía tal crisis”.
Y agregó “El estilo de la nueva administración era bajo amenaza de sanciones, despidiendo a todos los que reclamaban al respecto. Tanto así que el Cuerpo Médico se disolvió porque nadie se atrevió a asumir la presidencia”, dijo.
Otro médico, Javier del Río, apuntó en su declaración hecha el 22 de agosto de 2022 a que “con la nueva administración surgieron problemas de malos tratos y despidos, en que si se reclamaba por cualquier cosa la persona era despedida”.
“El ambiente en la clínica se ha vuelto hostil hacia las personas, lo que sumado a los temas financieros ha provocado que se vaya un gran número de personas. Esto ha ocurrido con la mayoría de los doctores que más cirugías generaban en la clínica”, agregó.
Una reciente declaración fechada el 2 de abril de este año, del doctor David Aguirre, señala que desde 2021 que empezaron a existir retrasos en los pagos de las prestaciones que, a su juicio, carecían de toda justificación.
“Se realizaron varias reuniones entre la administración con los jefes de cada especialidad y se informaba que principalmente era un problema administrativo, pero que se arreglaría dentro de los meses siguientes. Pero la situación no cambió en nada durante 2021, 2022, hasta que me retiré en abril de 2023. Es más, llevó a un desorden en donde desde diciembre de 2022 transferían montos cerrados –por ejemplo 2 millones, 4 millones- sin una factura de respaldo.
Otro flanco para CLC lo abrió esta semana el propio director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quien confirmó que la entidad estaba fiscalizando a CLC, luego de haber recibido denuncias de parte de doctores en torno a la emisión de boletas, en circunstancias que ya no trabajaban en dicha clínica. En una entrevista con CNN Chile, precisó que se trataba de “una cuarentena de doctores” que mandaron antecedentes, los que fueron entregados a los equipos de fiscalización.
“Se está procesando la información para ver si efectivamente hay algún tipo de ilícito que estaría ahí siendo cometido (…) Eventualmente eso lo que está haciendo es abultar los costos operacionales de la clínica. Tenemos que ver si es que fuera así, hacer un chequeo integral. Tenemos que analizar la situación de los contratos y de las transacciones”, dijo Frigolett.
Sin embargo, al interior de la clínica, en reserva un testigo explica de dónde surge esta situación. Indica que los médicos tienen firmado un contrato denominado MOMED (Modelo Médico), el que consiste en que los facultativos cobran sus servicios por medio de boletas de honorarios o prestaciones efectuadas a través de sus sociedades médicas.
CLC efectúa los pagos una vez que recauda las prestaciones, con pagos efectuados a los 45 días para el caso ambulatorio, y para las atenciones de hospitalizaciones, una vez que se recaudan. O sea, dice este testigo, no representan un gasto para CLC, ya que sólo actúa como recaudador de los honorarios de los médicos.
El punto es que durante 2022 y 2023 los médicos emitían el documento posterior al pago, existiendo una cantidad significativa de médicos que no emitían su respectivo documento, y CLC ya había pagado estas recaudaciones. Y respecto a médicos que ya no trabajan en CLC y mantienen recaudaciones pendientes, éstas siguen siendo canceladas una vez que se recaudan, por lo que se hace indispensable el respectivo documento tributario, dice este testigo.
Incluso un oponente de la actual administración indica que este tema se informó en el directorio, pero que está bien respaldado. “Es un ajuste contable, nada más”, dice este conocedor.
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