La trama en torno a la ausencia del presidente de Ecopetrol continúa. La Junta Directiva de la compañía autorizó aplazar el inicio de la "licencia no remunerada" otorgada a Ricardo Roa el pasado 6 de abril.
Según informó la petrolera estatal colombiana, la decisión fue adoptada luego de que el ejecutivo reportara el 26 de mayo una incapacidad médica por un período de 30 días calendario, apenas dos días antes de que comenzara el permiso.
La licencia debía entrar en vigor el 28 de mayo. Sin embargo, tras el aplazamiento, comenzará una vez concluida la incapacidad y los días de vacaciones pendientes de Roa.
De acuerdo con la empresa, el período se iniciará el 27 de junio y se extenderá por los siguientes 30 días calendario. Con ello, el presidente de la estatal no retomará sus funciones hasta julio.
En esa línea, Ecopetrol informó que se mantendrá la designación de Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, como presidente encargado de la compañía.
Asimismo, la petrolera enfatizó que “continuará desarrollando sus actividades en cumplimiento de su estrategia empresarial”.
Por el momento, Ecopetrol no ha entregado mayores detalles sobre la incapacidad médica presentada por Roa ni sobre el estado de salud del directivo. La compañía únicamente confirmó que la incapacidad fue “debidamente reportada” ante la organización y que la decisión adoptada por la Junta Directiva responde a esa condición médica.
Ausencia en medio de investigaciones
La ausencia temporal de Ricardo Roa coincide con varios procesos judiciales y administrativos que enfrenta el ejecutivo. Y es que a inicios de mes, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roa por presuntas irregularidades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Según la investigación, Roa -quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial del actual Presidente colombiano y en esos momentos no estaba al mando de la petrolera- habría permitido que los gastos electorales superaran los topes establecidos por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesos colombianos (US$ 370 mil) durante la primera vuelta y en 276 millones de pesos colombianos (US$ 73 mil) en la segunda vuelta.
De acuerdo con la Fiscalía, aunque en ese entonces se entregaron los informes de gastos al Consejo Nacional Electoral, estos no habrían reflejado la totalidad de los recursos ejecutados durante la campaña.
El ente judicial sostuvo en ese momento que se identificaron una serie de factores que habrían contribuido al exceso de desembolsos, entre ellos “ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”.
“Desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta”, detalló la Fiscalía.
Tanto el mismo Roa como la junta directiva de Ecopetrol defendieron la presunción de inocencia del ejecutivo.
A través de un comunicado, la compañía señaló en aquel momento que “la referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía”.
En caso de ser condenado, el presidente del conglomerado energético podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, además de la inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa equivalente al monto excedido.
Dicho proceso judicial se suma a otra investigación contra el ejecutivo en una causa relacionada con un presunto tráfico de influencias por la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, que habría sido adquirido a un valor inferior al de mercado.
Aunque el ejecutivo también ha rechazado esas acusaciones, la investigación apunta a que el inmueble habría sido comprado a una persona que posteriormente recibió contratos vinculados a proyectos de gas por parte de Ecopetrol durante la gestión de Roa al frente de la compañía.
Si bien este proceso todavía se encuentra en etapa judicial, el caso ha mantenido presión sobre la administración de la principal empresa estatal del país.
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