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Publicado: Martes 21 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Por el delito de asociación ilícita en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el recinto militar de Tejas Verdes, en San Antonio, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes, ordenó este lunes la detención del coronel (r) del Ejército y ex alcalde UDI por Providencia Cristián Labbé.
El ex edil fue sometido a proceso en el marco de la investigación por la muerte de al menos 13 personas que fueron vistas con vida, por última vez, en el regimiento militar en 1974. Su detención se concretó, ayer mismo, luego de participar en un careo.
Junto a Labbé también fueron procesados otros nueve oficiales en retiro, por el mismo delito de asociación ilícita, pero además por el de secuestro, tortura y homicidio.
La decisión de la ministra del tribunal del alzada se conoció a minutos que finalizara, en La Moneda, el tradicional comité político donde participan los presidentes de la NM. Consultado por la prensa, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde sostuvo que “esperamos que todos estos crímenes sean esclarecidos y quien tiene que determinar finalmente la responsabilidad son los tribunales de justicia”. Durante la tarde, en tanto, el secretario ejecutivo del programa de DDHH, del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, anunció que apelarán en el caso del procesamiento del ex alcalde para ampliar los cargos contra Labbé a los mismos delitos de los demás procesados.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.