Aunque existe conciencia en el mundo de los centros de estudio respecto a que la Ley de Financiamiento Electoral está en una especie de marcha blanca, también la hay en cuanto a que ya se advierten algunos aspectos que será necesario perfeccionar a la luz de los efectos que puede provocar en el proceso electoral de este año. Si bien sólo debutó en los pasados comicios municipales, los expertos estiman que a partir del próximo año, sin la vorágine de las elecciones, se deberían abordar legislativamente algunos puntos que al calor de los escándalos por financiamiento irregular de la política no habrían sido lo suficientemente analizados. Uno de los ámbitos que preocupa transversalmente, es atender la desventaja en que quedarían los candidatos que postulan por primera vez a un cargo de elección popular en relación a los incumbentes. En este contexto, también se plantea mayor regulación para el rol que cumple el Servicio Electoral (Servel) en esta área, entre otras medidas.
"Establecer mayor claridad en la Ley sobre el rol del Servel"
Un tema que se repite es el rol que cumple el Servel en la aplicación de la normativa en cuanto a financiamiento. Desde este punto de vista, en el Institulo Libertad estiman que a futuro se deberá "establecer mayor claridad en la Ley respecto al plazo que tiene el Servicio Electoral para aceptar o rechazar definitivamente la cuenta de ingresos y gastos electorales, lo cual repercute en que los reembolsos se atrasen", según plantea el director ejecutivo del organismo, Aldo Cassinelli. Todo parece indicar que el financiamiento ha sido uno de los aspectos más complejos de esta normativa, por lo mismo desde la entidad también plantean la necesidad de "regular de mejor forma el sistema de aportes en dinero a las campañas, estableciendo reglas más claras para el Servel y para la institución financiera que le corresponda administrar este tema, con el objetivo de agilizar el proceso".
Ello, porque según explica Cassinelli, "es un hecho que los montos que los ciudadanos aportan a las campañas de sus candidatos están llegando fuera del plazo establecido. Incluso, los aportes que hacen los candidatos a sus propias campañas también muestran retraso. Esto afecta especialmente a los candidatos desafiantes o nuevos, que no son conocidos y que requieren recursos para desarrollar su campaña", lo que a su juicio limita "de esa manera la competencia electoral y la renovación del Congreso, poniendo una alta barrera de entrada".
"El financiamiento propio de las candidaturas sigue siendo muy alto"
Para Ciudadano Inteligente, "en general, la respuesta que se dio es adecuada" para resolver los temas más urgentes de financiamiento irregular de la política que dieron origen a esta legislación. A partir de esa evaluación, el coordinador legislativo del organismo, Octavio Del Favero, admite que es necesario que se le "hagan correcciones a la ley, que tienen que ir en la línea de produndizar en la idea de introducir más transparencia, mayor equidad y competencia entre las distintas alternativas y promover campañas y partidos que sean más programáticos y más conectados con la ciudadanía".
Partiendo de esta premisa, se podría explorar -se explaya- en la necesidad de generar propuestas que entreguen mayores oportunidades a quienes tienen menos recursos o están en una posición de menos visibilidad, es decir, los desafiantes. De ahí que en una revisión de la normativa se debería considerar "fiscalizar el mejor uso de las asignaciones parlamentarias para que no se desvíen a uso electoral en época de campaña", porque si bien la ley lo da a entender, no lo explicita. En términos de financiamiento más concretamente, Del Favero también alerta sobre el hecho de que "el espacio que tiene el financiamiento propio de las candidaturas sigue siendo muy alto. En ese sentido, potenciaría facilitar el financiamiento por parte de más ciudadanos", porque actualmente el 20% de una candidatura presidencial la puede financiar el mismo candidato (a), en el caso de las presidenciales, eso puede llegar -recalca- a los mil millones de pesos, cifra que "puede marcar una diferencia importante".
"Sistema mixto, si una empresa quiere aportar que lo haga, pero que sea transparente"
En Libertad y Desarrollo parten de la base de que siempre fueron escépticos acerca de legislar en medio de la efervescencia provocada por los casos de financiamiento irregular de la política, lo que desde ya "era una mala aproximación" para empezar a regular el tema. Porque, según estima el coordinador del Programa Sociedad y Política de la entidad, Jorge Ramírez, "eso no invitaba a generar una discusión con altura de miras, ponderando todos los efectos de algunas disposiciones que, por muy bien intencionadas que estuvieran, podían lesionar ciertos principios".
En este contexto, aclara que las disposiciones que disminuyen la propaganda electoral o ponen más trabas para acceder al financiamiento "lo que hacen es convertirse en una suerte de seguro para los candidatos incumbentes que aspiran a la reelección".
Sin embargo, no le sorprende que ahora "sean los propios parlamentarios los que adviertan de la serie de trabas y complicaciones a las que se enfrentan al momento de financiar o recaudar fondos para una campaña política".
De ahí que Ramírez subraye que "es un desafío tratar de revisar la normativa con un poco más de mesura". Y es en este escenario donde plantea propuestas tales como que "en la contra devolución de votos el desafiante tenga algún tipo de regalías" y, algo que el LyD siempre planteó pero que resulta polémico, que el sistema de financiamiento de las campañas sea mixto, de tal manera que se abra el aporte a las empresas nuevamente, pero "de manera transparente, si una empresa quiere aportar que lo haga, pero que sea transparente".
"Limitar el gasto en publicidad en los municipios en campañas"
"En general los cambios que vemos son positivos, o sea, responden a deficiencias que tenían las leyes anteriores", parte señalando la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, quien sin embargo también se abre al hecho de que se podrían mejorar algunas de las disposiciones que nacieron al calor del financiamiento irregular de las campañas políticas. En este sentido, la experta cree que en materia de intervencionismo electoral se podría abordar "el gasto en publicidad durante las campañas".
El año pasado Contraloría sacó un informe, donde constata que en la mayoría de los municipios donde los alcaldes o alcaldesas iban a la reelección había un aumento de gasto en publicidad", porque a su juicio "eso puede llegar a ser intervencionismo electoral y, obviamente, afecta al candidato desafiante". En la misma línea, Jaraquemada estima que habría que "tratar de restringir las contrataciones a honorarios, porque muchas veces se aumenta este tipo de contrataciones en periodos electorales lo que también podría llegar a ser intervencionismo y no que atienda a las necesidades del municipio", enfatiza. Sus propuestas apuntan a limitar el intervencionismo electoral lo máximo posible "para emparejar la cancha de manera real" y que los candidatos retadores tengan más posibilidades de resultar electos.
"Adecuar las normas de prescripción al derecho penal"
Tal como sus predecesores, el director de Administración y Finanzas del Centro Democracia y Comunidad, Mauricio Ovalle, parte de la base que "la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral ha significado un progreso" y que "la prohibición de aportes por personas jurídicas y la publicidad de los aportes, como regla general, permiten avanzar en la debida separación entre la política y el poder económico"; además destaca que "el aumento del aporte público a los candidatos y partidos es un avance en ese mismo sentido".
Pero más allá de esto, estima que los desafíos de perfeccionamiento deberían estar dirigidos a un aspecto que indirectamente tiene que ver con el financiamiento de una campaña, que es la propaganda a través de las redes sociales, ya que su "creciente relevancia hace necesario aclarar por la ley los límites de su uso en campañas políticas". Ello, porque a su juicio el criterio del Servel es insuficiente. Por otro lado, particularmente importante para el CDC sería revisar la prescripción a las infracciones a la Ley de Gasto Electoral, pues algunas faltas o infracciones prescriben a un año desde la fecha de la elección y según el CDC "no hay motivo para establecer una norma de prescripción distinta a las reglas generales del derecho penal", porque lo contrario podría significar que "hechos graves queden sin sanción".
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