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REGÍSTRATE AQUÍPor: Rossana Lucero
Publicado: Lunes 5 de noviembre de 2018 a las 10:31 hrs.
En este ámbito, donde se plantean ocho cambios, se identifica al SEIA como una de las principales causas de incertidumbre jurídica y complejidad regulatoria. Ante esta realidad, se propone realizar una reforma integral al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), modernizando su funcionamiento, aumentando la participación ciudadana temprana y desvinculándolo del ciclo político.
Los lineamientos para su reestructuración son los siguientes:
- Establecer mecanismos de participación ciudadana temprana cuyos resultados, debidamente validados por el Estado, sean reconocidos en la etapa posterior de evaluación de impacto ambiental, de manera tal de evitar conflictos futuros que inviabilizan la ejecución de proyectos de inversión.
- Definir con mayor claridad los antecedentes que se solicitará a los proyectos de inversión, y acortar los plazos de respuesta, en cada etapa de la revisión de impacto ambiental para permitir mayor certeza y eficiencia en el proceso.
- Eliminar la instancia de revisión administrativa de las resoluciones de calificación ambiental, suprimiendo al actual Comité de Ministros.
- Fortalecer los tribunales ambientales en sus competencias jurídicas, técnicas y de gobernanza y constituirlos como única instancia de reclamación. En esto hay mucho que aprender del Tribunal especializado de libre competencia.
- Reducir la influencia del ciclo político en las calificaciones de proyectos con impacto ambiental, aumentando la ponderación de expertos independientes y reduciendo la influencia del poder ejecutivo.
Adicionalmente, se sugiere generar una Política Regional de Inversión que contribuya a la descentralización del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las regiones. Para este propósito, se propone implementar un plan de Inversión en Infraestructura que, además de reimpulsar la política de concesiones para grandes obras, amplíe el concepto de inversión en infraestructura hacia la infraestructura digital; y formular un plan de infraestructura con visión de largo plazo.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.