Hace tiempo que los contribuyentes chilenos dejaron de mirar oportunidades exclusivamente en suelo nacional. Sea por la fuerte desaceleración de la economía en los últimos años o por el nivel de sofisticación de las oportunidades de inversión que hay en otras latitudes, lo cierto es que varias empresas y personas naturales han optado por sacar montos del país para distintos fines, ubicándolas en jurisdicciones lícitas y otras de dudosa reputación.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), 2.733 contribuyentes chilenos declararon inversiones en el exterior en 2015, según el balance de la Operación Renta de este año. Acorde a datos obtenidos vía Transparencia, del total 1.824 inversionistas son personas naturales, mientras que 909 jurídicas.
El informe del SII -recopilado sobre la base de la declaración jurada 1851- también reveló datos interesantes sobre el destino de los activos. Así, dio cuenta de que una de cada siete inversiones declaradas se establecieron en paraísos fiscales el año pasado.
En concreto, los contribuyentes declararon ante el servicio 1.034 inversiones en jurisdicciones calificadas como “especiales” por el Ministerio de Hacienda (Decreto Supremo 628 del 2003). Esto, de un total de 7.355 activos reconocidos fuera del país.
Los países con regímenes tributarios “distintos” favoritos fueron las Islas Vírgenes británicas, con 549 registros, seguido de Panamá, las Bahamas y las Islas Caimán (ver tablas).
De los destinos no considerados especiales por Hacienda, los favoritos de los chilenos fueron por lejos Estados Unidos, Suiza, Perú y Argentina. Mientras que las inversiones que más se repiten son las acciones (2.673 registros), los depósitos en bancos o entidades sin domicilio en Chile (1.509) y los bonos emitidos por personas o entidades sin domicilio en Chile (889).
Los riesgos latentes
Los expertos son enfáticos en aclarar que mantener inversiones en un paraíso fiscal no representa per se un delito, recordando la polémica de los Panamá Papers, trabajo periodístico que reveló la existencia de cuentas de líderes políticos y económicos a nivel mundial en países con regímenes tributarios laxos. Aunque sí podrían estar sujetos a sanciones por situaciones en particular.
“No por el solo hecho de tener la inversión podrán ser sancionados, pero sí en caso de que la entidad en la jurisdicción de baja o nula tributación sea usada exclusivamente con fines elusivos, pues en tal caso podría aplicarse la norma antielusiva general vigente desde fines del año pasado”, advierte Claudio Bustos, de Bustos & Cía.
El experto en tributación internacional, Martín Bianchi, plantea que si bien invertir en un paraíso fiscal no es delito, la posibilidad de que el último fin del destino de la inversión sea evadir impuestos puede implicar investigaciones a posteriori de las autoridades tributarias.
“Si bien es cierto que se ha declarado ya gran parte de las inversiones en paraísos fiscales, creo que aún perdurarán cifras en negro hasta que se oficialice el término del secreto bancario”, plantea Patricio Gana, de AK Contadores.
Mientras que Esteban García Nadal, de García Magliona, señala que los contribuyentes pueden ser sancionados no por declarar rentas en un país de dudoso régimen fiscal, sino por omitir información en dicha declaración. “En cuanto al riesgo de invertir en un paraíso fiscal, éste se produce cuando las inversiones no son informadas dentro de los plazos destinados al efecto, o las declaraciones cuentan con imprecisiones o irregularidades”.
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