El martes recién pasado, la Sala de la Cámara aprobó por 81 votos el duro informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Caso ProCultura, entre otras cosas, el documento responsabiliza del mal uso de los recursos públicos a los gobernadores involucrados y, especialmente, al de la Región Metropolitana Claudio Orrego por su supuesta cercanía con el fundador de la fundación, Alberto Larraín, y no haberse inhabilitado en el marco del convenio entre la gobernación y ProCultura. Sin embargo, el aludido salió a defenderse, acusando imprecisiones derechamente “falsedades”.
Como en el caso del capítulo sobre las conclusiones, que imputa una “rendición insuficiente de aproximadamente mil millones de pesos” en relación con el programa “Quédate”. “Esto es falso”, retrucan desde el Gobierno Regional Metropolitano, porque “el proyecto alcanzó a ejecutar cerca de seiscientos millones, en aproximadamente 11 meses de trabajo, que se encuentran debidamente rendidos”. Y añaden que “la diferencia de mil millones, que no fueron ejecutados, es lo que judicialmente, como Gobierno Regional, estamos solicitando a través de una demanda civil, y también cobrando las pólizas de seguro”.
Por otro lado, sobre la aseveración que se hace en el informe respecto a que “Orrego había contratado directamente a Larraín en la Corporación de Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano, en el contexto de iniciativas relacionadas con temas sociales y de salud mental”, desde el Gobierno Regional replican que aquello “es falso”, argumentando que el psiquiatra “nunca ha sido contratado en la Corporación de Desarrollo, ni antes de aprobado el proyecto de prevención del suicidio, ni durante la ejecución, ni después; sino que fue nombrado por el consejo regional”, de una terna en que también estaban Mónica Zalaquett y Carolina Tohá, “como miembro del directorio de dicha corporación, sin recibir sueldo, pagos o remuneración alguna”.
Proyecto “Quédate”: “No sólo siguió el trámite regular, sino que toda su tramitación demoró cinco meses”
Adicionalmente, aseveran que algunas de las afirmaciones respecto del Gobierno Regional Metropolitano, como que el polémico proyecto se aprobó con “inusitada rapidez” o que se había generado un “mecanismo exprés” son imprecisas o derechamente falsas, ya que “no sólo siguió el trámite regular, sino que toda su tramitación demoró cinco meses, lo que es dos meses más que el promedio de los 77 proyectos aprobados por el Gobierno Regional a fundaciones, corporaciones y universidades”.
Acto seguido, desde el Gobierno Regional Metropolitano también hacen referencia a que el informe acusa que el convenio obedeció a un “patrón de asignación directa”. A este respecto argumentan que “la ley de compras públicas establece tres modalidades de contratación de obras o servicios que son licitación pública, licitación privada y trato directo. La ley de presupuesto en su glosa 5.1 del 2022, establece la posibilidad de una subvención directa a entidades sin fines de lucro que no admite ni concurso ni licitación”.
También lamentan que se cuestionen los debidos chequeos administrativos y técnicos, “pese a que el proyecto de prevención del suicidio, pasó por cinco instituciones distintas, entre ellas, la Comisión de Salud del Consejo Regional, la Dirección de Presupuestos, la Subdere y la Contraloría General de la República”, la que tomó razón en dos ocasiones del proyecto, aseguran.
Además, sostiene que el proyecto pasó por todos los procesos de admisibilidad del Gobierno Regional y tuvo 17 observaciones que fueron debidamente subsanadas; que la evaluación de distintas instituciones al proyecto fue aprobada de forma unánime por los 34 consejeros regionales; y que, por tanto, “en este caso no se constituye causal de inhabilidad, como concluye el informe, porque el nombramiento de Alberto Larraín lo realiza el consejo regional, como cuerpo colegiado”.
Orrego: “Tiene errores de hecho, profundos, que lo invalidan”
Sobre el informe, el gobernador Claudio Orrego, señaló que “es importante que cualquier comisión investigadora tiene que establecer bien los hechos, primero, para después establecer emitir juicios u opiniones”. Ello, porque, desde su punto de vista, si los hechos no son los correctos, “obviamente, las opiniones pueden adolecer de debilidad”.
La autoridad repasó los argumentos expuestos anteriormente y enfatizó que “yo no me voy a pronunciar respecto al informe en su integridad, pero respecto de los puntos de la Región Metropolitana tiene errores de hecho, profundos, que lo invalidan”.
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