“Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal” se denomina el documento de 20 carillas que elaboraron centros de estudio de la oposición, con el fin de instalarse como la contraparte del Ejecutivo, en lo que respecta al proyecto de reactivación económica.
El texto refleja la opinión de la “red de centros de pensamiento progresista” frente a la iniciativa “tributaria del gobierno”. La publicación coincide con el vencimiento, este mediodía, del plazo para ingresar indicaciones a la propuesta. Entre otras cosas, el documento propone “retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel”.
Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común, don los organismos que participaron en la elaboración de esta propuesta, que se abre a la rebaja del impuesto de primera categoría en los términos del sector, que concluye que “una reforma tan significativa (como la del gobierno) requiere un amplio acuerdo político y técnico”.
Algunos de los economistas son Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales y Carlos Ominani, entre otros.
De este modo, el texto detalla la postura del sector, pero también hace algunas propuestas que estima podrían contribuir a mejorar la iniciativa. También advierte que, “a estas alturas, parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo”.
El documento está dividido en nueve capítulos: sobre la discusión parlamentaria, el megaproyecto y el escenario macroeconómico, sobre la concepción del crecimiento, estímulos a la inversión, sobre la reforma tributaria; sobre el subsidio al empleo y la eliminación de la franquicia Sence, sobre exportaciones, la responsabilidad fiscal y un noveno dedicado a las conclusiones.
Llama la atención que en el quinto apartado, la oposición se abre a la rebaja del impuesto de primera categoría, única medida que admiten que aporta al crecimiento. Para facilitar un acuerdo de largo plazo al respecto, los centros que participaron en la elaboración del documento, plantean su “disposición a conversar” sobre la rebaja del citado impuesto, “pero con compensaciones”, tributariamente progresivas y con sentido de justicia fiscal, de manera de no empeorar la distribución del ingreso, tal como se estableció en el proyecto presentado por el ministro Mario Marcel, señala el documento.
“Del conjunto de las medidas citadas, la única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del IDPC, siempre que se realice de manera fiscalmente compensada para no dañar los equilibrios fiscales, dado que tiene un costo para el fisco de US$ 1.800 millones”, reza el texto.
Y propone focalizar el beneficio en viviendas de hasta UF 6.000 y extender el subsidio a la tasa de interés y el Fogape vivienda, por el amplio efecto positivo en su implementación anterior.
Separar en tres bloques
Más adelante, en el marco del subsidio al empleo y la eliminación de la franquicia Sence, el documento propone ampliar y fortalecer el alcance del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) y la promoción activa del existente mientras se perfecciona; dar urgencia a la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo para eliminar la restricción que limita el Derecho a Sala Cuna a empresas con 20 o más trabajadoras; y, la creación de una Agencia Nacional de Empleo, unificando y modernizando la red de capacitación, certificación e intermediación.
En cuanto al primer capítulo, el documento plantea que una tramitación legislativa acelerada de un proyecto con más de 40 medidas y cuatro ejes temáticos, como intenta hacer el Ejecutivo en su rol de colegislador, dificulta el análisis riguroso de cada materia; y plantea también problemas legislativos y políticos.
Sobre los primeros, el texto señala que la técnica parlamentaria exige que cada proyecto presente una justificación precisa; en lo que respecta a los segundos, sostiene que una reforma tributaria que se apruebe en el Congreso con una tramitación exprés, “no deja espacio a un consenso político que asegure acuerdos de mediano plazo y estabilidad para los inversionistas” y, aún más, que “la tramitación bajo presión no despejará el riesgo de inconstitucionalidad en la eventual aprobación del proyecto”.
Tras esto, insisten con la propuesta que ya han hecho los parlamentarios y que no ha recibido acogida de parte del gobierno. A través del documento, la oposición propone separar la discusión en tres bloques: reconstrucción física (urgente), medidas de empleo e inversión (prioritario), y reforma tributaria estructural (requiere mayor deliberación con expertos y actores sociales).
Y añade que “las recomendaciones que hace el CFA, de incluir compensaciones y mitigaciones al proyecto, así como revisar los parámetros fundamentales, constituyen una invitación al gobierno para mejorar sustancialmente el proyecto mediante un acuerdo transversal; lo que implicaría retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel”.
En cuanto al escenario macroeconómico que marca la tramitación del proyecto, el texto analiza que “el gobierno espera que 2/3 del financiamiento” de la iniciativa se obtenga del crecimiento, “aunque el Fondo Monetario Internacional ha advertido que esos efectos esperados son optimistas, y proyecta un efecto no superior a la mitad de lo estimado por el Ejecutivo. Con bajas proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027, rebajar el gasto público acentuará el menor ritmo de crecimiento y la generación de empleos y eso es malo para la inversión, para la productividad y también para la convergencia fiscal”, advierten.
En el cuarto capítulo de estímulos a la inversión, se hace énfasis en el mejoramiento de la productividad, proponiendo 15 medidas que apuntan a mejorarla: Implementar a la brevedad los reglamentos de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, y otros que tienen que ver con la implementación de esta normativa; la rápida aprobación del proyecto que crea la Agencia para el Financiamiento para el Desarrollo (Afide); instaurar una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública y establecer mesas de trabajo público privado en cada región.
“Corre el riesgo de generar un desastre económico”
Además, se propone implementar una estrategia de industrialización 4.0 que articule iniciativas de inversión de valor agregado en minerales críticos (cobre y litio), desarrollo de proveedores de clase mundial para sectores exportadores, industria de construcción naval, industria química y farmacéutica y la industrialización de la madera para la construcción de viviendas; consolidar una estrategia de Economía Digital; impulsar una estrategia de recuperación de actividades intensivas en generación de empleos; avanzar en una Política Nacional de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento y aumentar el tamaño de las garantías públicas pro-inversión, Fogape y Fogaes para proyectos de inversión de hasta US$ 20 millones.
Y también proponen una agenda de desarrollo de mercado de capitales, en particular para financiar la agenda de concesiones que supera los US$ 17 mil millones, monto que sobrepasa la capacidad de absorción del mercado bancario chileno. Siendo esta una de las mayores agendas de inversión pública en la historia reciente de Chile, es preocupante que no sea abordada en esta reforma.
Respecto de la responsabilidad fiscal, el documento sostiene que “el objetivo debiese ser que el gasto público crezca a un ritmo más lento y que los ingresos tributarios al menos permanezcan constantes, ambos como porcentaje del PIB, de manera que el déficit se vaya reduciendo y las finanzas públicas converjan hacia el equilibrio, sin generar una crisis fiscal, social y política”, sostiene el texto.
En el contexto actual de la economía chilena, señala el documento, “recortar impuestos en las magnitudes que propone el gobierno es absolutamente insensato. El debate en torno a las propuestas tributarias es fundamental para el futuro de nuestra economía y para la estabilidad social” y advierte al gobierno que con la iniciativa “corre el riesgo de generar un desastre económico de proporciones, que puede pasar a los futuros textos de economía como un gran ejemplo de lo que no se debe hacer en políticas públicas, como ya ocurrió con la crisis de 1982-83 y la recesión de 1998”.
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