Por Gonzalo Cerda y Michelle Helguero
En medio de un convulsionado clima social, la idea de una reforma tributaria para financiar los nuevos gastos que está asumiendo el gobierno -principalmente gatillado por la crisis estudiantil-, ha tomado fuerza en distintos sectores. Centros de estudio y partidos políticos han elaborado algunas propuestas que permitirían elevar y equilibrar la recaudación de impuestos por parte del Ejecutivo. Gran parte de las ideas plantean aumentar la tributación de las empresas y generar un mayor equilibrio en los cobros que realiza el Estado a personas naturales.
Es en este escenario donde La Moneda ha dado varias señales. Primero había cerrado la puerta a la discusión, como se lo informó el propio presidente Sebastián Piñera a los dirigentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Transcurridos los días, la postura del Ejecutivo se habría flexibilizado. De hecho, fuentes del Ejecutivo han sostenido que cada día que pasa, el jefe de Estado está más abierto a estudiar una eventual reforma, aunque dicen que todo apunta a que estaría por mantener el alza del 20% a las empresas y que vence el próximo 31 de diciembre.
CED: elevar en 1% el impuesto a las empresas
La propuesta de una reforma tributaria del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) -vinculado a la Democracia Cristiana- muestra que, actualmente, existe una gran diferencia entre las tasas de impuestos de las personas y de las empresas. Por eso, propone que se alcance la equidad tributaria la que, tal como explican, no se alcanza a través de tasas progresivas, dado que el peso de la carga tributaria está siendo soportada por los asalariados y otras personas que no pueden eludir. El CED propone eliminar el incentivo a la elusión, bajando el impuesto a las personas y compensar lo anterior, elevándo los tributos a las empresas en 1%, lo que equivaldría aumentar la recaudación en US$ 300 millones.
Cabe destacar que el Impuesto de Primera Categoría (a las empresas) corresponde al 15,3% de los ingresos tributarios totales, en tanto, el Impuesto de Segunda Categoría (a los trabajadores) en su totalidad, representa un 6,1% de los ingresos totales. “Al eliminar la distorsión que genera la diferencia de tasa, entre lo que pagan actualmente en Chile las empresas y las personas, se eliminaría, vía persuasión, el principal incentivo elusivo de disminuir la renta gravable creando sociedades afectas a la tasa de primera categoria”, explica el informe.
Además, hace el punto en que la tasa promedio de los países de la OCDE tienen el nivel de impuestos de primera categoría en 25%, a diferencia de Chile con 17%. Además señala que, al igual que países como EEUU, España y Alemania, la legislación chilena debe contemplar alternativas para que los matrimonios opten por presentar una declaración de impuestos única y conjunta para su ingreso familiar, en lugar de una individual.
Debate tributario en el consejo general de RN
Mañana, el Consejo General de Renovación Nacional (RN) debatirá acerca de una eventual reforma tributaria. La bancada de diputados del partido elaboró un documento que espera sea aprobado por dicha instancia. Asimismo, la comisión económica de la tienda trabaja en otro texto que abordará incentivos tributarios en beneficio de las personas. La idea, según han esbozado desde la directiva, es avanzar en aliviar la carga tributaria de la clase media. La instancia económica recogió varias propuestas, entre ellas, la del senador Francisco Chahuán, que plantea redefinir los parámetros de pobreza, pues con ello se lograría revisar la carga tributaria personal con el fin de aumentarlo o disminuirlo.
Pero pese a que la Comisión Económica reunió posturas, los diputados elaboraron la propia. Esta fue liderada por el diputado Frank Sauerbaum, quien, entre los puntos principales, propone la mantención del 20% del Impuesto de Primera Categoría a las empresas, transitoriedad que vence el 31 de diciembre. Asimismo, plantea reducir significativamente la tasa marginal del Impuesto a la Renta de las personas a 30% e igualándolo, paulatinamente, con las utilidades retiradas de las empresas. Además, agrega una franquicia tributaria en educación dirigida a quienes financian estudios y que no tienen acceso a becas, subsidios u otros beneficios otorgados por el Estado. Otro punto que abordarán en el consejo es la eliminación gradual de todos los impuestos a los combustibles en dos etapas. La primera de aplicación inmediata es la reducción de los tributos en un 50% y la segunda, para diciembre de 2012 considera la derogación total de éstos.
Las divergentes posturas en la UDI
En el gremialismo existen distintas posturas respecto de una eventual reforma tributaria. Mientras el ala más dura cree que no es necesaria para financiar la reforma a la educación, otros plantean que se justifica estudiarla. Y si bien no existe una propuesta formal de dirigentes gremialistas, la diputada Mónica Zalaquett, entró ayer al debate y dijo estar “abierta” a cambios en la carga impositiva.
La parlamentaria de la UDI afirmó que “Chile debe plantearse la discusión porque la clase media está sobrecargada y debiésemos buscar la metodología de alivianarla rebajando la carga impositiva”. En la oportunidad, destacó que en su colectividad “son más dirigentes de los que creen, los que están abiertos a este debate”. Zalaquett dijo que es el minuto de discutir sobre el tema “para las soluciones que hay que dar en educación, salud y otras materias, porque se requieren mayores ingresos”. Además, la diputada dijo que otra medida que debe estudiarse es la rebaja al impuesto específico a los combustibles.
En tanto, en julio, el senador Jovino Novoa, presidente de la comisión económica de la UDI, aseguró que “para financiar la reforma educacional no es necesario aumentar los impuestos”. Incluso, en la oportunidad, recalcó que concretarla sería “un despropósito”.
Partido Progresista: cambios en porcentajes de evasión y eliminación de exenciones
Desde que lanzó su candidatura a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, ha planteado la necesidad de realizar una reforma tributaria con el fin de equilibrar los niveles de impuestos que pagan tanto las empresas como las personas naturales.
ME-O plantea una reducción del impuesto máximo a la renta de personas del 40% a un 0%, bajando los demás tramos también en 25%, lo que significaría una baja en la recaudación de US$ 400 millones. En segundo término, propone la eliminación permanente del Impuesto de Timbres y Estampillas, lo que significaría una baja de US$ 300 millones en los ingresos fiscales.
El programa del PRO destaca cambios al impuesto corporativo, donde una modificación al impuesto de las empresas debería situarlo en 30% lo que se desprendería en un 0% de renta sobre las utilidades retenidas hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales; 30% en el impuesto sobre utilidades distribuidas; y 30% sobre utilidades que excedan las 1.000 Unidades Tributarias Anuales. Este cambio en el sistema tendría un efecto recaudatorio neto cercano a $0, pero permitiría una menor elusión, una mayor reinversión para las PYME.
El Impuesto Específico a la Minería se situaría en el pago del Royalty desde las 7.000 toneladas equivalentes en vez de 12.000 toneladas (esto permite subir el tramo máximo a 8% de forma permanente), con una recaudación estimada de US$ 400 millones por año. Los impuestos a las hidroeléctricas permitiría una recaudación estimada de US$ 30 millones por Mw/h a proyectos existentes. Otro punto limita los depósitos convenidos de las AFP con una tributación estimada de
US$ 100 millones por año; subir el impuesto de los alcoholes y tabacos que permitirá recaudar US$ 600 millones por año. Además, la eliminación de excenciones permitirá recaudar US$ 1.600 millones por concepto de cambios al DFL2; las reinversiones de utilidades no habituales; las ganacias de capital; y la homologación del tratamiento de retiros de las sociedades limitadas y de profesionales a las sociedades anónimas.
Concertación propone nivel de 18,5% en impuesto de primera categoría
Tras numerosos emplazamientos al gobierno para que sincere las cifras y dé a conocer específicamente, de dónde saldrían los recursos para financiar los US$ 4.000 millones que costaría la reforma educacional propuesta por el presidente Sebastián Piñera, anunciada hace casi tres meses, la Concertación ha deslizado algunas propuestas que permitiría generar recursos permanentes. Y es que además ven con preocupación que el Ejecutivo comprometa gastos en su plan social, como lo es el tema de la eliminación del 7% de salud a los jubilados y la extensión del post natal a seis meses, el que contempla un tope de 66 UF para las madres trabajadoras y que según algunos dirigentes opositores, no cuenta con un financiamiento acorde.
Tal como lo han señalado diputados de oposición, el gobierno debe garantizar ingresos constantes para gastos permanentes, es así como han planteado, que tras la vuelta al 17% de Impuesto de Primera Categoría, tras finalizado el proceso comprometido que aumentaba a 20% este ítem para ayudar a la reconstucción del país, fijar en 18,5% el cobro a las empresas.
Durante la reunión que sostuvieron parlamentarios de la Concertación integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos, algunos diputados le habrían solicitado al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que considerara la opción de elevar permanentemente a 18,5% el impuesto.
Según explicara el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini, la actitud del secretario de Estado daba cuenta de que el gobierno desecharía cualquier planteamiento que se dirigiera en esta línea.
De hecho, la opción de mantener el 20% también se habría discutido en dicho encuentro, pero la respuesta del ministro se habría mantenido inamovible.
La reforma tributaria también cruzará el debate que se viene por el Presupuesto 2012. Así ya lo han adelantado en diversas oportunidades, varios parlamentarios de la Concertación. De hecho, muchos de ellos creen que para financiarlos cambios a la educación debe haber reforma tributaria.
En este marco, además han recalcado que justo cuando empiece el debate presupuesario también comenzará la discusión legislativa de las iniciativas de educación.
Propuesta CEP-Cieplan estaría lista a fines de año
Tras conocerse los primeros indicios sobre una eventual reforma tributaria, tanto en el Centro de Estudios Públicos (CEP) como en la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), comenzaron los primeros acercamientos para elaborar una propuesta conjunta. Según informaron fuentes ligadas al proceso, este documento todavía no estaría terminado, pero se espera que para fines de este año, ambos centros de estudio presenten el informe final. El equipo de trabajo contempla dos investigadores senior, el presidente del Banco Central, Vittorio Corbo por el CEP y el ex director de Presupuestos, José Pablo Arellano por Cieplan.
El primero ha manifestado públicamente que no hay que descartar por completo una reforma de este tipo, sin embargo, propone mirar con mesura este tipo de cambios. “Siempre que se piensa en subir un impuesto hay que pensar para qué se va a subir y en qué se va a usar”, explicó Corbo. Y es que, actualmente, las demandas de mayores recursos dado los gastos adicionales que está desarrollando el gobierno, principalmente en el tema educacional, han inclinado la balanza hacia una revisión de una eventual reforma tributaria.
“Si se hace una reforma integral, bien evaluada, creo que uno nunca debiera descartar una reforma tributaria (…) se deben buscar impuestos que sean más amigables o que penalicen menos el ahorro, la inversión y el crecimiento, impuestos más relacionados con el consumo, además de eliminar algunas exenciones”, señaló Corbo hace un par de semanas.
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