Un profundo descalabro administrativo y financiero en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la Municipalidad de San Pablo quedó al descubierto tras la publicación del Informe Final N° 20 de la Contraloría Regional de Los Lagos. La fiscalización arrojó graves incumplimientos legales que comprometen severamente el presupuesto comunal, destacando una millonaria deuda previsional y tributaria.
Ante la gravedad de este escenario, el ente contralor anunció que remitirá los antecedentes directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que evalúe las acciones procedentes. Asimismo, la Contraloría formulará un reparo, iniciando un juicio de cuentas para exigir la restitución de recursos públicos perdidos por negligencia administrativa en la gestión de los fondos educativos.
Efectos en patrimonio y compromisos previsionales
La auditoría estableció que al 31 de diciembre de 2024, el DAEM de San Pablo acumulaba una deuda previsional de $ 862 millones vulnerando las normativas vigentes sobre los derechos de sus colaboradores. Junto con ello, los fiscalizadores detectaron que el pago de las cotizaciones de seguridad social se realizó de manera extemporánea.
Esta tardanza generó un daño patrimonial de $ 28 millones a las arcas fiscales debido al desembolso extra en multas, intereses y reajustes. A esto se suma el hallazgo de $ 1,7 millones en intereses por atrasos en el pago del consumo de energía eléctrica, recargos que fueron cancelados utilizando de forma irregular recursos provenientes de cuentas de subvenciones educacionales.
Pasivos tributarios y brecha presupuestaria
La revisión contable también develó que la municipalidad mantenía impagos los compromisos tributarios de sus trabajadores. Al cierre de 2024, la repartición registraba una deuda por concepto de impuesto único y retención de honorarios por $ 136 millones. La alcaldía tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar un cronograma de trabajo estricto que permita regularizar el pago.
Paralelamente, se constató un severo desorden presupuestario, ya que el DAEM presentó saldos iniciales de caja negativos, registrando un déficit de $ 961,9 millones en 2024, el cual escaló a $ 1.336 millones para el inicio del año 2025.
Falta de control interno
El documento describe además otras irregularidades, como pagos sin firmas de autorización por $ 40 millones y un arrastre de deuda de $ 65 millones que fueron pagados con cargo al presupuesto 2025, disfrazando el gasto real del periodo. Finalmente, las rendiciones presentadas a la Superintendencia de Educación carecían de respaldo, generando saldos no acreditados por más de $ 3.885 millones en 2024.
Ante la magnitud de los hallazgos, el concejal Fabián Cortez (PPD), habló con DF Regiones y advirtió que el escenario exige medidas de fondo. “No estamos frente a una observación aislada ni ante un problema meramente administrativo. Cuando una deuda previsional alcanza esta magnitud, el problema deja de ser solo contable y pasa a ser un asunto de gobernanza financiera municipal”, apuntó la autoridad local.
En esa línea, Cortez enfatizó que fijar un calendario de pagos es necesario pero insuficiente si no se ordena el sistema que originó el descalabro. “Si no se corrige la forma en que se planifica, ejecuta y controla el presupuesto, el municipio solo intentará administrar precariamente la deuda, no resolverla”, concluyó.
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