La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), respondiendo a la invitación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hizo hoy entrega de un documento en el que plantea su visión del proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.
El presidente de la CCS, Peter Hill, señaló que en el documento se manifiesta que la iniciativa legal, bajo la apariencia de resguardar a los deudores, los perjudicaría al rebajar el umbral de la privacidad personal, ya que bastaría la autorización del deudor en una oportunidad para que el acreedor tenga acceso a su endeudamiento durante toda la vida del crédito.
Cabe señalar que, en la actualidad, se requiere de una acción del titular de los datos (deudor) para que los agentes crediticios puedan conocer el endeudamiento. Si bien esa acción puede representar un costo de transacción, es la única forma efectiva de garantizar la privacidad.
A juicio de Peter Hill, para que esta normativa posea un sesgo verdaderamente pro deudor, se requiere de preservar la iniciativa exclusiva de los titulares de datos en el acceso a sus endeudamientos, "lo cual es posible de lograr sin necesidad de montar una gigantesca entelequia burocrática como la que viene insinuándose en este proyecto".
Para Hill, la mejor opción es la confección uniforme de un certificado de deudas vigentes no bancarias, que en forma agregada sea entregado solo a solicitud de quien acredite ser el titular de esa deuda "una vez que el certificado se entregue al solicitante, la información agregada se borra automáticamente, evitándose la configuración de una base de datos con esa información sensible".
Otra propuesta perjudicial para los deudores que presenta el proyecto, detalló dirigente gremial, es el retorno de los registros históricos, pues luego de que se derogara en el año 2002, se volvería a consagrar el acceso al conocimiento de deudas morosas hasta por 5 años después de extinguidas.
Al respecto sostuvo que "uno de los principales objetivos del proyecto es disminuir el riesgo de crédito a través de mayor información, con la esperanza de que ello se traduzca en una caída en las tasas de interés. Sin embargo, admitiendo que pudiera producirse dicho efecto, sería apenas marginal, ya que existe demostración empírica de la suficiencia de la información disponible para que los modelos de evaluación de riesgo operen en forma eficiente".
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