Por Jimena Catrón Silo
Luego de que el jueves pasado el directorio de Curauma decidiera la presentación de un convenio judicial preventivo, el proceso legal que vivirá la compañía controlada por Manuel Cruzat Infante comenzó a tomar forma. Y de paso, deja atrás el fantasma de la quiebra, por acreencias que superan los US$ 72 millones.
Es así como el viernes a primera hora fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso la solicitud de designación de un juez árbitro “para que conozca de las proposiciones del convenio judicial preventivo de la sociedad”. Entre las propuestas se contempla un aumento de capital por hasta US$ 50 millones, en un plazo de 18 meses, cuyo principal objetivo es lograr el ingreso de un socio capitalista.
El árbitro debe ser elegido por el presidente de ese tribunal, de una nómina de 39 candidatos que tiene la Superintendencia de Quiebras, lo que se espera que suceda durante esta semana, específicamente entre hoy y mañana.
Los abogados patrocinantes, que serán los encargados de llevar adelante este proceso, son Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda, del estudio Nelson Contador & Compañía Abogados, los mismos que lideraron el proceso en el caso de La Polar y el complejo turístico Marbella, entre otros.
Qué dice el convenio
Según la información enviada a la Superintendencia de Valores, el convenio judicial preventivo tendrá como objetivo mantener la continuidad de la sociedad inmobiliaria, en conjunto con el pago y reestructuración de los pasivos.
Para ello, el comité financiero asesor del directorio de Curauma ha mantenido conversaciones para renegociar los plazos de pago, a lo que se suma la venta ordenada de ciertos terrenos del fundo La Luz, proceso que está a cargo de Larrainvial. Así, esperan recaudar capital para el pago de acreencias y ejercer opciones de recompra que mantiene en terrenos de este fundo y el de Las Cenizas, cuyos títulos están actualmente en manos de EuroAmerica Compañía de Seguros de Vida.
Lo que viene legalmente
Una vez que se conozca el árbitro, quien en cierta forma reemplaza al tribunal, se le enviarán los antecedentes respaldatorios del convenio. Después, se debe citar al acreedor mayoritario de la lista de pasivos que figura en el convenio, que en este caso es la Tesorería General de la República, a la que se le adeudan unos US$ 62 millones ($ 29.000 millones). Y así, el organismo estatal deberá designar al síndico informante del convenio por escrito, dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación. Si no lo hace, y el segundo mayor acreedor tampoco lo designa, el tribunal deberá hacerlo.
Respecto a la junta de acreedores, ésta debe votar sus términos y se considerará acordado con el consentimiento del proponente (Curauma) y la aprobación de dos tercios de los acreedores presentes en la junta, que en su conjunto representen 75% del pasivo con derecho a voto.
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