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Publicado: Viernes 21 de agosto de 2015 a las 04:00 hrs.
Con un discurso crítico a las reformas impulsadas por el gobierno inició su segundo período en la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, en el marco del 169 Consejo Nacional del gremio realizado ayer y en el que se ratificó, también, al resto de la mesa directiva para el lapso 2015-2016.
El dirigente, en relación al clima de negocios existente, opinó que "se cometió un grave error de diagnóstico al interpretar las legítimas demandas de cambio de la sociedad como un llamado a desconocer lo que se ha construido en las últimas décadas, a prescindir de los privados en la provisión de servicios públicos y a minimizar el rol de los empresarios como principales agentes de progreso social y económico".
Mas también criticó la reforma laboral al señalar que se "está perdiendo la oportunidad de hacer una legislación que contribuya a resolver el principal problema laboral del país, cual es la poca profundidad del mercado del trabajo, al que difícilmente acceden jóvenes, mujeres y adultos mayores".
Respecto de la reforma tributaria, comentó que como gremio hicieron saber sus inquietudes al Ministerio de Hacienda, por lo que ahora "nuestra atención está puesta en que el proyecto de ley se envíe pronto al Congreso y que al menos logre simplificar el sistema tributario".
Al referirse al tema constitucional, el presidente del gremio de los constructores enfatizó que se deben resguardar "los principios que han permitido el desarrollo del país, tales como la libertad de las personas, los contrapesos a los actos del Ejecutivo y el derecho de propiedad".
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.