Jéssica Esturillo O.
La operación de la principal red eléctrica del país, el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece al 95% de la población nacional, tendrá entre 2014 y 2017 su mayor exigencia, debido a las restricciones de capacidad que presenta actualmente.
De acuerdo con los cálculos del subsecretario de Energía, Sergio del Campo, el gobierno está impulsando proyectos por más de US$ 1.100 millones para superar este déficit, que se presenta hacia el norte y el sur de la Región Metropolitana, afectando la seguridad del sistema y provocando al tos precios en algunos puntos de éste.
Claro que contrario a la intención original de la autoridad, varias de estas iniciativas presentan al menos un año de desfase respecto del plazo de desarrollo de cinco años que fue estipulado en las bases de licitación.
De esta forma, las ocho obras (nuevas y ampliaciones) adjudicadas en mayo y octubre de 2012 y que están ubicadas en distintos puntos del SIC, deberían estar listas en 2017. Sin embargo, la estimación del propio Del Campo es que esas instalaciones -de las cuales sólo tres están en trámite ambiental o ya recibieron sus permisos- entrarían en operación recién hacia fines de 2018.
Otros desfases
Lo anterior se suma al retraso de un año en una importante línea que permitirá traer más energía desde el sur (Ancoa-Alto Jahuel) y cuyas obras están a cargo de la española Elecnor, que en septiembre de 2012 recibió una prórroga, con lo cual este tendido recién entraría en servicio en julio de 2014.
Además, otro tendido que cruza varias zonas urbanas de la Región Metropolitana y que fue licitado hace algunos meses, junto a otras tres iniciativas, simplemente no recibió interesados, lo que obligará a la autoridad a realizar un nuevo concurso.
Sergio del Campo asegura que este escenario de plazos se hace menos favorable, porque aún no está disponible el nuevo sistema de concesiones eléctricas, iniciativa que está en trámite legislativo y pasó a comisión mixta, instancia que recién se constituirá esta semana.
La importancia de este procedimiento, dicen en la industria, es que reduce el tiempo de tramitación de las servidumbres eléctricas de 700 a 150 días, porque cambia los métodos de notificación a los dueños de los terrenos y saca los temas ambientales y urbanísticos de entre las causales de oposición a las concesiones, pues no están en las competencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y deben ser planteadas ante otras instancias.
La expectativa del gobierno es que al prosperar esta nueva normativa y empalmarla con estas inversiones en desarrollo, sea posible que sus plazos de ejecución pudieran reducirse.
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