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REGÍSTRATE AQUÍEl consumo total de cobre de la red eléctrica del gigante asiático, de donde procede State Grid, está en torno a 2 millones de toneladas por año.
Por: Karen Peña y Andrés Pozo
Publicado: Jueves 26 de noviembre de 2020 a las 04:00 hrs.
La compra que acordó hacer la china State Grid de CGE, convirtiéndose -cuando se cierre la transacción- en el mayor actor del sector de distribución eléctrica al sumarlo con Chilquinta, ha abierto una serie de debates en torno a riesgos geopolíticos y de libre competencia.
La china State Grid es una empresa estatal fundada en 2002, enfocada en el negocio de inversión, construcción y operación de redes eléctricas, con un capital registrado de unos US$ 126 mil millones.

La firma es uno de los brazos que tiene SASAC (comisión para la supervisión y administración de activos estatales del Estado chino) para hacer inversiones, algunas de las cuales están también en Chile en sectores de generación y transmisión eléctrica.
State Grid no solo suministra energía a más de 1.100 millones de personas en 26 provincias, regiones autónomas y municipios de China, cubriendo el 88% del territorio, sino que también -desde antes de la operación con Chilquinta y CGE- tenía un rol relevante para la industria del cobre.
Según diversas fuentes consultadas, es el mayor comprador individual de cobre en China, país que es el consumidor más relevante del metal rojo.
Según datos de la consulta internacional CRU, el consumo total de cobre de la red eléctrica de China está en torno a 2 millones de toneladas por año.
En base a eso, hay dos grandes empresas de red eléctrica que se reparten ese consumo: State Grid y Southern Power Grid, donde la primera es por lejos la más grande.
Para Chile, el principal productor de cobre a nivel mundial, el gigante asiático es clave como socio comercial.
Según el anuario 2019 de la agencia estatal Cochilco, de los 18 millones de toneladas de cobre que distintos países importaron en el ejercicio pasado, 9,8 millones eran de esta nación. El 48,6% del cobre que sale de nuestro país, va a ese lugar de Asia.
Para Codelco, la principal minera de cobre del mundo, China es un país muy relevante dentro de sus ventas. Según su memoria del año pasado, US$ 2.316 millones de sus ingresos venían de esa nación, de un total de US$ 12.525 millones. El resto de Asia aportaba US$ 1.673 millones, Europa US$ 3.673 millones y América US$ 3.932 millones.
Aunque no hay detalles de a quiénes le vende cobre Codelco, en su memoria explica que “no existen ingresos de actividades ordinarias procedentes de transacciones con un solo cliente, que represente el 10 por ciento o más de los ingresos de actividades ordinarias de la corporación”.
El exFiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, salió ayer a separar aguas entre libre competencia y geopolítica. "Yo no digo que no haya un tema de libre competencia, lo que digo es que dentro de esos temas no se debe hacer un análisis geopolítico", explicó a radio Duna.
A su juicio, el análisis en libre competencia no debería ser tan distinto al realizado en la compra de Chilquinta, pero sí con un agregado especial que será CGE.
El punto que podría abrir una nueva arista en este proceso de venta es el denominado artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que establece una barrera de las empresas de transmisión respecto a firmas de distribución y generación. "Es un tema del organismo sectorial eléctrico y ellos tendrán que determinar si efectivamente se cumple o no el artículo", dijo aludiendo a la SEC.
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
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