“Debemos ser honestos, en el momento en el que nos encontramos, la transformación digital no ha cumplido del todo la promesa que traía de progreso, innovación y eficiencia”. Con esas palabras Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos en DiDi, inició su intervención en el Digital Summit, seminario llevado a cabo hoy en las dependencias de la Cepal que reunió a actores del mundo telco, tecnológico y energético.
Sus palabras se enmarcan en plena espera de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) reingrese a Contraloría una segunda edición del decreto 212, que –en la práctica– habilita la denominada Ley Uber.
El primer borrador ingresado, cabe recordar, que flexibilizaba algunos requisitos atingentes a los conductores de aplicación, obtuvo un duro revés en junio pasado, cuando el ente liderado por Dorothy Pérez aseguró que el escrito carecía fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos.
En el intertanto, mientras que el MTT realiza sus reparos, el ejecutivo perteneciente a una de las compañías más grandes del sector –junto a Uber y Cabify– destacó en su intervención que durante 2025 Didi hizo un aporte a la economía chilena de $ 147,2 mil millones brutos.
En esta línea, sumado al complejo contexto laboral actual del país –que actualmente suma tasas de desocupación superiores al 9%–, Canale-Mayet aseguró que “las plataformas digitales han respondido creando elasticidad laboral en una economía que urgentemente lo necesita”.
“Somos hoy una verdadera red de protección social mediante la coparticipación en oportunidades de ganancias inmediatas, con pleno acceso a seguridad social y aporte fiscal. Eso es, en la práctica, formalización real e inclusión financiera para quienes hoy no la tienen”, reconoció.
"No somos transporte tradicional"
Algunos de los factores que la actual administración de De Grange propuso en materia de conductores fue mantener la exigencia de una licencia profesional para poder transportar pasajeros (que hoy se exige a los taxistas), flexibilizar la cilindrada y también la antigüedad de los autos con los que los conductores podrán circular en la aplicación.
Dichas medidas, cabe recordar, han sido ampliamente cuestionadas por el mundo taxista, quienes incluso en mayo se manifestaron en contra en plena Alameda, puesto que podrían traducirse a competir en una cancha dispareja con su rubro.
En esta línea, Canale-Mayet planteó en su intervención que “concretar la promesa de la transformación digital requiere de la promoción de un modelo regulatorio proporcional, digital y colaborativo, mientras que si optamos por las restricciones y fricciones propias del mundo análogo, cerraremos la puerta a la gran mayoría para preservar intereses particulares anteriores”.
Pese a que aseguró que la Ley 21.431 –que regula relaciones contractuales entre repartidores y conductores de plataforma– “reconoce la independencia y la flexibilidad” de las plataformas, apuntó que “al tratarse de normativas técnicas y sectoriales, el enfoque regulatorio parece cambiar, ya sea por homologar lo análogo a lo digital o por presión de aquellos que ven en la nueva economía una amenaza”.
A su juicio, deslizó, “se impone a las plataformas requisitos y restricciones que no elevan los estándares de confiabilidad ni de servicio, sino que logran el efecto de quitar oportunidades a cientos de miles de chilenos”.
En esta línea, el representante de Didi insistió en que “no somos transporte tradicional, no competimos contra la infraestructura de movilidad, sino que la complementamos".
“Necesitamos regulaciones modernas que nazcan del diálogo técnico y la evidencia, que corrijan exigencias desproporcionadas que asfixian el dinamismo natural de este sector y que protejamos la infraestructura de movilidad y creación de oportunidades que hemos creado y potenciemos la formalidad que ya estamos construyendo”, finalizó.
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