Collahuasi presentó un recurso de aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental para que se pronuncie respecto de los alcances de la ejecución de la sentencia dictada el 14 de mayo sobre el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, que supone una inversión de US$ 3.200 millones.
La acción busca esclarecer "particularmente en relación a la continuidad de ejecución de aquellos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, que el fallo mantuvo vigentes y no fueron objeto de anulación".
En su escrito, Collahuasi -controlada por Anglo American y Glencore, cada una con el 44% de la propiedad- indicó que la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas, "circunscribiendo sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi y a componentes de medio humano y medio marino vinculados a la planta desaladora".
Y añadió que la resolución determinó que los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes.
La gigante minera dio cumplimiento a la sentencia determinando la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en etapa de pruebas de sistemas y equipos, antes de su puesta en marcha, sólo manteniéndose las acciones mínimas de mantención y seguridad.
La compañía precisó que "la paralización de los aspectos vigentes de la RCA tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos, al comprometer la continuidad de medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos con diversas comunidades y organizaciones regionales".
La compañía reitera que la tramitación ambiental del proyecto se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente, criterio que fue ratificado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros al rechazar las reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales, que obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Ambiental tras 800 días de tramitación judicial.
El proyecto cuenta con una RCA favorable obtenida en 2021, considera una inversión ejecutada de aproximadamente US$ 3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción.

Marcela Godoy, presidenta (s) del Segundo Tribunal Ambiental. Cristián López, ministro suplente. Cristián Delpiano, redactor de la sentencia.