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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍEn conjunto con otras secretarías de Estado, la cartera trabaja para acelerar procesos burocráticos.
Por: Andrés Pozo B.
Publicado: Jueves 18 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
Veinte días después que la presidenta Michelle Bachelet se comprometiera a destrabar inversiones mineras, en el marco de la Cena de la Minería, el gobierno -y especialmente la cartera del ramo- ya tendrían conformada una lista de iniciativas prioritarias que totalizarían entre US$ 8.000 millones y US$ 10.000 millones.
Según trascendió, aunque el listado incluiría proyectos de distintas magnitudes, el foco estaría en abordar temas relacionados con la mediana minería, un sector clave en la generación de empleo en el norte.
La idea sería acelerar procesos que pudieran estar ralentizados por burocracia, pero cuyo impulso no implique bajar estándares en temas de medio ambiente o salud.
Para graficar este perfil, en el gobierno mencionan el proyecto de cobre y oro Santo Domingo, de la canadiense Capstone Mining, ubicado en Atacama y que implicará una inversión del orden de US$ 1.700 millones, según el último catastro de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
En ese caso, se buscaría acelerar algunos trámites respecto a los permisos de concesión del puerto que la firma planea construir en Chañaral, proceso que ha avanzado lentamente.
Mientras, en paralelo corre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa, el cual fue presentado en octubre de 2013 y cuya aprobación tomaría entre 15 y 18 meses.
Santo Domingo generaría entre 1.550 a 4.060 puestos de trabajo durante la construcción y 1.055 en la operación.
Las gestiones para acelerar estas iniciativas estarán a cargo de varios ministerios. Además de Minería, están trabajando Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Energía.
Voluntad política
“Está la voluntad del ministerio de poder resolver cualquier situación que implique un aletargamiento o una demora en la aprobación de un proyecto o cualquier situación que implique que éste no llegue a su operación”, explicó sobre el objetivo del plan la ministra de Minería, Aurora Williams.
Aunque prefirió no precisar cifras ni proyectos puntuales sobre los que están trabajando, agregó que este trabajo “no significa que se vaya a saltar la reglamentación, sino que muy por el contrario, debe cumplirse toda, pero tenemos que ser eficientes en los procesos”.
Además de acelerar inversiones puntuales, Williams explicó que el mandato de la presidenta Michelle Bachelet incluye “revisar la ‘permisología’ en general, que apunta a tener un sistema de permisos que resguarde el interés del Estado en los ámbitos como el ambiental o de salud, pero de una forma eficiente”.
Según explicó, un proyecto minero en su nivel más básico requiere más de 210 permisos, cuya tramitación toma más de 100 días en promedio para cada uno de ellos.
“Esos números dan una señal de que podemos tener algunos ámbitos de ineficiencia no controlados que alargan los procesos y que debería fluir conforme a las opciones que como país tenemos de resguardo a la salud y el medio ambiente”, puntualizó la secretaria de Estado.
PARO DE ESCONDIDA: MANTENER DIÁLOGO
Una solicitud a mantener el diálogo hizo la ministra de Minería, Aurora Williams, frente al anuncio de paralización realizado por el sindicato de Escondida. "El primer llamado es a que las relaciones laborales se mantengan en niveles de diálogo y sean resueltas en ese ámbito", dijo la secretaria de Estado. El domingo, los dirigentes del sindicato de la faena operada por BHP Billiton llamaron a paralizar el lunes 22 y miércoles 24, por una serie de problemas que tendrían con la firma. La ministra dijo que aunque el objetivo del go- bierno es la protección de los derechos de los trabajadores, hay que "seguir los conductos que corresponde antes de llegar a paralizar una faena, porque es dañino para todos". "No nos paremos para advertir, basta con que el trabajador haga el reclamo donde corresponda o a través de las instancias, para que la empresa entienda que está advertida y la paralización sea prácticamente una medida mayor", agregó Williams.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
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