En medio de las turbulencias al interior de la Sonami, el presidente del gremio minero, Jorge Riesco, y representantes de las asociaciones disidentes que conformaron este lunes una nueva agrupación, se presentaron en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para manifestar su preocupación por los efectos perjudiciales para el sector que provocarían los reglamentos de la implementación de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) del Ministerio de Medio Ambiente.
"Al interior de la Sociedad Nacional de Minería hay inquietud por este tema y la comparo con la inquietud con la que partimos este gobierno, en donde había un proceso constitucional en marcha que ponía en riesgo la supervivencia de la minería", expuso Riesco en la instancia. "Hay riesgos que tiene para la minería la aplicación de la ley como se está haciendo, porque hay algunos reglamentos que han superado el marco legal o están invadiendo aspectos legales que se habían zanjado en la discusión parlamentaria".
El meollo del asunto radica en los sitios prioritarios que la ley mapea bajo algún grado de protección ambiental, lo cual, a juicio de los mineros, condiciona e incluso prohíbe la realización de su actividad (y también la de otras). "Ha habido poca transparencia, no tenemos claros los elementos con los cuales se está analizando la inclusión de estos sitios (...), por ejemplo, en la zona de Chancón, cerca de Rancagua, tenemos 34 productores mineros de oro afectados por el sitio definido", indicó el líder gremial.
Según cálculos de Sonami, existen 273 instalaciones mineras dentro de los sitios que se buscan proteger: 52 en la Macrozona Norte y 221 en la Macrozona Centro-Sur. En total, se trata de 4.200 concesiones mineras, de las cuales 2.950 son de explotación y abarcan 755.000 hectáreas, equivalentes a un 60% de la Macrozona Norte. "Nosotros creemos que es mucho y lo que pedimos es que nos tomemos el total de los tres años -de cinco- que quedan todavía para revisar todas las faenas dentro de esos límites", dijo Riesco a los diputados presentes, quienes no vieron pasar por su comisión la mencionada ley.
"Llamamos a que esto se haga con prudencia y con la totalidad de los antecedentes. Nos preocupa la velocidad que el Ministerio de Medio Ambiente le ha estado tratando de poner a este proceso; creemos que no es compatible con los efectos graves que puede tener para la actividad minera", señaló. Asimismo, el abogado recién reelecto en su cargo contó que la ministra de Minería, Aurora Williams, expresó compartir la preocupación de los mineros y se comprometió a analizar el tema en un trabajo técnico conjunto.
Por su parte, Patricia Beiza, vocera del grupo disidente de Sonami que creó el Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería debido a la falta de representatividad que acusaron de Riesco, valoró la intervención del mencionado: "Felicito a nuestro presidente, el que se haga presente acá y que alce la voz por todos nosotros, defendiendo a nuestro gremio minero". Asimismo, solicitó "el plazo más amplio posible" para la revisión de la ley 21.600.
Intervinieron los diputados Benjamín Moreno (Partido Republicano), Marcela Riquelme (IND-Partido Radical), Cristián Tapia (IND-PPD), Nelson Venegas (Partido Socialista) y el presidente de la Comisión, Marco Antonio Sulantay (UDI). Todos compartieron la preocupación de los expositores y aprobaron mantener el tema en tabla y continuar la conversación el miércoles de la próxima semana, con la ministra Maisa Rojas como invitada.
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